Por un Futuro Laboral Digno e Inclusivo en Costa Rica

Alberto Cabezas

Presidente

Asociación agencia para el Desarrollo accesible sin fronteras

Un país, múltiples realidades

Costa Rica enfrenta una crisis laboral profunda y estructural. Mientras que algunos sectores disfrutan de los beneficios de la inversión extranjera directa y la economía del conocimiento, muchas personas en el país siguen atrapadas en empleos precarios, con condiciones laborales deficientes y falta de protección. No podemos seguir permitiendo que haya dos Costa Ricas: una de zonas francas y otra de trabajadoras domésticas, obreros agrícolas y trabajadores informales en las zonas costeras y rurales.

El 25% del desempleo juvenil es solo un reflejo de un problema más amplio: la falta de empleos de calidad. Si bien la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el mundo del trabajo, no hemos logrado adaptar nuestras políticas laborales para garantizar que estas innovaciones se traduzcan en mejores condiciones laborales.

Tecnología e inteligencia artificial: ¿aliados o amenazas?

La automatización y la inteligencia artificial (IA) están cambiando la forma en que trabajamos. Existen nuevas modalidades laborales como el teletrabajo y el nomadismo digital, que ofrecen flexibilidad pero también pueden incrementar la precariedad si no se regulan adecuadamente. La fiscalización del trabajo en entornos digitales es un reto que no podemos ignorar.

Debemos fortalecer la inteligencia laboral mediante estrategias tecnológicas avanzadas, aplicando la IA en la inspección laboral y asegurando que se cumpla la legislación vigente. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a detectar violaciones laborales de manera más eficiente, pero es fundamental que el Estado tenga la voluntad política de aplicar estas herramientas.

Inspección laboral: más que supervisión

La inspección laboral en Costa Rica es insuficiente. Con solo 143 inspectores para todo el país, es prácticamente imposible garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, especialmente fuera del Gran Área Metropolitana. La fiscalización debe modernizarse y basarse en un modelo de riesgos con apoyo de la inteligencia artificial.

Además, la inspección no solo debe supervisar y sancionar, sino también asesorar, educar y prevenir. Es urgente que los jueces laborales resuelvan con mayor rapidez los casos, pues actualmente una denuncia puede tardar 18 meses en resolverse, dejando al trabajador en una situación de vulnerabilidad extrema.

El Ministerio de Trabajo debe actualizar sus sistemas electrónicos para llevar un registro claro desde la contratación hasta la finalización de la relación laboral, incluyendo vacaciones, prestaciones y despidos. Esto permitiría una fiscalización más efectiva y transparente.

Derechos laborales y brechas de género

A pesar de los avances legislativos, la realidad es que muchas mujeres siguen relegadas al trabajo doméstico y a la economía informal debido a las responsabilidades de cuidado. Es necesario fortalecer las políticas de conciliación entre el trabajo y la vida personal, promoviendo licencias de maternidad y paternidad equitativas, la creación de centros de lactancia y el acceso a programas de capacitación para mujeres en sectores estratégicos.

El país debe garantizar la aplicación de convenios internacionales como el 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y responsabilidades familiares, y el 189 que protege a las trabajadoras domésticas. La discriminación sigue presente en muchos ámbitos, afectando no solo a mujeres, sino también a personas LGBTIQ+, migrantes y personas con discapacidad.

Trabajo infantil y salud ocupacional: deudas pendientes

El trabajo infantil sigue siendo una realidad en algunas zonas del país, especialmente en actividades agrícolas. También preocupa la exposición de trabajadores a agroquímicos, una práctica que debe ser erradicada mediante una regulación estricta y mecanismos de inspección más efectivos.

Asimismo, no podemos olvidar que los trabajadores no son máquinas. Se debe garantizar el derecho al descanso y evitar la implementación de jornadas laborales extenuantes, como el esquema 4x3, que atenta contra los derechos laborales y es inconstitucional.

Un pacto por el empleo digno y sostenible

Costa Rica necesita fortalecer su marco regulatorio y ratificar convenios clave como el 181 sobre agencias de empleo y el 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. También es crucial avanzar hacia el desarrollo sostenible mediante la certificación de buenas prácticas laborales y la promoción del Pacto Verde, garantizando la competitividad de las empresas sin comprometer los derechos de los trabajadores.

El empleo digno debe ser una prioridad nacional. Para ello, es indispensable una política laboral moderna, basada en datos actualizados y en el diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y el Estado. No podemos seguir postergando las reformas necesarias para garantizar justicia laboral en todos los sectores.

Costa Rica debe ser un país donde el trabajo no solo genere ingresos, sino que también dignifique a las personas. La tecnología, la fiscalización efectiva y el respeto a los derechos humanos deben ser la base de un nuevo modelo laboral que garantice equidad y bienestar para todos.