¿Por qué desincentivar la educación?

¿Por qué desincentivar la educación?

En días recientes, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el llamado “Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria”. Este proyecto plantea, entre otras cosas, un impuesto de ventas del 10-14% a los servicios de educación universitaria privada.
Si bien aplaudimos los esfuerzos del Ejecutivo por buscar un aumento de la carga tributaria del país, una de las más bajas de la región, no creemos que sea correcto hacerlo mediante impuestos que desincentiven la educación, que es el movilizador social por excelencia, una condición básica para alcanzar altos niveles de desarrollo. Costa Rica ha logrado grandes cosas en el campo de la educación: contamos con uno de los índices de alfabetización más altos del continente americano; la escolaridad es obligatoria hasta el noveno año, y se da énfasis a la computación y el idioma inglés desde grados tempranos.
Las estadísticas, en general, nos permiten ser muy optimistas con el futuro de la educación en el país. De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2008-2009, nuestro sistema educativo se ubica en la posición 32 a nivel mundial (la más alta en América Latina).
Precisamente por estos logros, es muy difícil comprender por qué la reforma tributaria planteada por el Poder Ejecutivo pretende gravar, y por lo tanto encarecer y desincentivar, la educación universitaria privada.
¿Será que siguen pensando, erróneamente, que los estudiantes de las universidades privadas son ricos? El mercado universitario está compuesto por una población activa estimada en 2010 en 188.500 estudiantes, de la cual un 44% está en universidades públicas y un 56% en las privadas. Costa Rica cuenta actualmente con 55 universidades, de las que cinco son públicas y el resto privadas. Es bien sabido que un importante número de estudiantes de las universidades privadas hace grandes esfuerzos para poder pagar sus estudios.
A manera de radiografía, el 56% de los estudiantes de universidades privadas proviene de colegios públicos, un 60% se transporta en autobús, un 51% trabaja mientras estudia, y más del 50% recibe algún beneficio económico para financiar sus estudios. Un par de cifras que son tan desalentadoras como retadoras: más de un 25% de los estudiantes que suspenden sus estudios en la universidad privada lo hace por razones económicas; y el 62% de los estudiantes de universidades públicas deserta. De estos, un 46% se traslada a universidades privadas.
Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos Chinos, lo expuso muy claro: solamente en Latinoamérica se observan universidades públicas de países pobres subvencionando a estudiantes de colegios privados. ¿Por qué el Estado dedica cada vez más presupuesto a un Fondo Especial para Educación Superior, FEES, que encarece el costo por estudiante, cuando al mismo tiempo busca subir los impuestos a los estudiantes de centros privados? ¿Le cobran a los centros privados las malas negociaciones del FEES?
Así como existe una serie de programas que a lo largo del tiempo han buscado evitar la deserción en primaria y secundaria, el Estado debería concentrarse en fomentar que los bachilleres se gradúen como profesionales. ¿Por qué, por el contrario, el proyecto de ley encarece el costo de los estudios superiores?
La educación superior privada permite que un tercio de los estudiantes que tienen título de bachiller inicie su carrera profesional, y que el 46% de los que desertan de la universidad pública puedan continuar sus estudios universitarios.
El Poder Ejecutivo debe fomentar la graduación de profesionales y generación de recurso humano, no la deserción de estudiantes por incapacidad de pago.
Subamos la carga tributaria, pero no a costas de la educación.

David Gutiérrez
david@gutierrezcr.com