¿Por qué no empezamos a hablar del presupuesto para 2017?

A algunos les parecerá muy temprano, pero quizás sea necesario empezar a hablar de una vez sobre el presupuesto gubernamental para el próximo año.
La más reciente visita de la misión del FMI volvió a alertarnos —ahora con mayor responsabilidad e intensidad, que en la ocasión anterior— de los peligros que se ciernen sobre la estabilidad y el crecimiento económicos relacionados con la falta de voluntad política para emprender el ajuste fiscal.
Lo que concluye el FMI es casi de Perogrullo: con aumentar la carga impositiva no bastará, se requieren medidas por el lado del gasto y, además, si el ajuste no inicia pronto, su intensidad será mayor en el futuro y, ni que decir de la posibilidad de que no alcancen ni el tiempo ni las voluntades políticas para que este proceso sea ordenado, sino que resulte el producto de una crisis.
Las opciones por el lado del aumento en la carga tributaria hace largo tiempo están sobre la mesa. Lo que la administración del presidente Solís ha propuesto es, palabras más, palabras menos, lo mismo que se ha estado analizando en años anteriores. Lo que hace falta ahora es una mayor voluntad y responsabilidad políticas, particularmente del Ejecutivo, de impulsar los proyectos —convocarlos desde un inicio en extraordinarias hubiese sido un avance— y empezar a negociar.
En la coyuntura actual y con estos antecedentes, no parece ser una actitud responsable pregonar que la falta de ajuste fiscal es culpa de la Asamblea Legislativa ni mucho menos creer que con endeudamiento externo decorado con ingeniería financiera puede “patearse la pelota” mucho más allá. El presidente Solís haciendo estas apuestas está jugando una mano peligrosa: arriesgarse a que los tiempos no alcancen y la crisis de solvencia estalle en su administración.
Que los gastos gubernamentales son inflexibles y cargados de automatismo en su crecimiento es un hecho, pero de ahí a pensar en no hacer nada o, peor aún, haber propuesto para 2015 y 2016 presupuestos públicos con un crecimiento del gasto —excluida la amortización, los intereses y la inversión— del orden del 17,4%, cuando en esos mismos dos años, según las Cuentas Nacionales que estima el BCCR, el nivel general de precios crecería apenas un 5,2%, no da ninguna muestra de frugalidad en la hacienda pública.
Presupuestos gubernamentales que, como en el caso de 2015 y 2016, llevan implícito un déficit equivalente al 6,9% del PIB, no resultan para nada una buena señal acerca de la preocupación que el Gobierno dice tener acerca de la situación fiscal.
¿Qué hacer? Una señal positiva, un propósito de enmienda y el incentivo para abrir una negociación sería un presupuesto más frugal en 2017.
Luego de dos años de excesivo crecimiento, primero valdría la pena evaluar con detalle cuánto de lo presupuestado se ejecutó y, evidentemente, su efectividad. Lo subejecutado en muchas partidas no debería formar parte de la base sobre la cual se construya el plan de gastos para el año próximo.
Pero es también el momento de corregir el nivel del presupuesto público. Si simplemente se corrigieran los niveles de erogación —excluidos los intereses, la amortización y la inversión— considerando solo la variación en los precios internos (según el BCCR entre 2015 y 2017 ese crecimiento sería de alrededor del 9,0%), el presupuesto para 2017 debería ser menor en alrededor del 3,0% que el aprobado por el Poder Legislativo para este año.
Este tipo de acciones sería un poderoso mensaje de que las autoridades políticas actuales han dejado solo de preocuparse por el estado de las finanzas públicas y que, por fin, han empezado a ocuparse de ellas.

José Luis Arce

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