¿Por qué oponerse al patrullaje conjunto?

¿Por qué oponerse al patrullaje conjunto?

En 1999 la Asamblea Legislativa aprobó el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito”, también conocido como la “Ley de Patrullaje Conjunto”.
Este Acuerdo, que probó ser clave en el decomiso de grandes cantidades de drogas los últimos diez años, parte de dos premisas importantes: Primero, de la insuficiente provisión de medios técnicos y materiales por parte del Gobierno de Costa Rica para asumir un papel activo y contundente en la lucha contra la narcoactividad internacional. Segundo: que el Estado costarricense sufre un importante incremento en la utilización de sus espacios marítimos para el trasiego de drogas.
Al día de hoy está pendiente el asentimiento legislativo, requerido por nuestra Constitución Política, para que buques de la Marina de Estados Unidos ingresen a nuestro país y sirvan de plataforma a la operación de los equipos del Servicio de Guardacostas en la lucha antidrogas.
Sin embargo, a pesar del probado éxito del Acuerdo, desde mediados del año pasado varios diputados de los partidos políticos que ya conocemos, del “a todo no” y del “no se puede”, obstaculizaron la autorización al ingreso de guardacostas de Estados Unidos por medio de una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo. Algunos de los argumentos esbozados con ese fin, eran que la participación de fuerzas de ese país en la lucha contra las drogas en territorio costarricense es una entrega de soberanía, una violación del derecho a la paz y una militarización de la lucha antidrogas. Con estas definiciones, desafortunadamente nuestro país continúa enviando las señales equivocadas a los grupos narcotraficantes.
Pareciera con todo esto que a un grupo por suerte minoritario de diputados, le interesa más proteger la soberanía de las bandas de crimen organizado que la de Costa Rica.
Se trata de una enorme paradoja ya que nuestros líderes legislativos conocen, o deben conocer, las enormes carencias que tiene el Estado costarricense para proteger adecuadamente los más de 580 mil kilómetros cuadrados de océano sobre el cual ejerce soberanía y que, por decisión geográfica, está en el medio de la ruta que usan los narcotraficantes. Por ende, alegar razones de soberanía para no contar con la ayuda de un país amigo, es en realidad abrir las puertas de la criminalidad y el abuso.
En todo caso, Costa Rica tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que expresamente permite la concertación de acuerdos bilaterales a fin de cumplir con sus disposiciones. Además, Estados Unidos ha firmado acuerdos de patrullaje conjunto con Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras, República Dominicana y otras islas del Caribe. Entonces, ¿cuál será el lugar que preferirán los narcotraficantes conociendo los mensajes equivocados que envía la Asamblea Legislativa? A los maleantes, definitivamente, no les interesa mucho la soberanía…
Finalmente, además de la protección de la zona marítima costarricense, del decomiso de droga y del desincentivo para el narcotráfico, hay otra consideración en beneficio del patrullaje conjunto: se estima que cada buque estadounidense que efectúa una visita a un puerto costarricense genera un ingreso de $700 mil para la economía costarricense como resultado de la compra de combustible, suministros y dinero gastado por la tripulación en comercios locales.
Señores diputados, demos el ejemplo y otorguemos el permiso pronto, sin enviar mensajes equivocados a grupos que no queremos cerca del país. Si no lo hacen para mejorar la seguridad, al menos háganlo con el fin de mejorar las economías locales de lugares que lo necesitan…

David Gutiérrez
david@gutierrezcr.com