Pozos sin fondo
| Viernes 26 octubre, 2007
Pozos sin fondo
Andrés Piedragil
América Economía
A principios de septiembre, las bombas reventaron. En el estado mexicano de Veracruz, en la costa del Golfo de México, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización guerrillera que opera intermitentemente desde 1996, hizo estallar varios ductos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Un mes antes, el grupo subversivo, cuyas acciones recientes reclaman la desaparición de dos de sus miembros, ya había saboteado gasoductos de Pemex en el norte y centro del país. Los atentados en Veracruz causaron daños por más de $9 millones, impulsando un desabastecimiento energético que afectó las operaciones de casi mil empresas en el interior del país.
Si quería dañar al gobierno, el ERP no podría haber elegido un mejor blanco para sus ataques. Cualquier atentado contra la petrolera estatal implica poner en riesgo entre el 35% y 40% de los ingresos públicos de la federación mexicana, justo en un momento en que la compañía poco puede hacer para defenderse, tal como lo reconocen sus propios ejecutivos.
“La situación de Petróleos Mexicanos es crítica y amerita atención inmediata... Pemex no puede continuar así”, dijo Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex. Y es que los explosivos no son los únicos golpes que recibe la petrolera mexicana. Cada año, Pemex debe aportar la mayor parte de sus ingresos al erario público mexicano, cifra que en 2006 llegó al 79% de sus ventas de $100 mil millones, con el que financia el 40% de los ingresos presupuestales del gobierno federal.
Una tajada que mantiene a la sexta petrolera más grande del mundo en una pésima situación financiera, con pasivos que bordean los $55 mil millones, los más altos de la industria petrolera. A esta situación, habría que añadirle el peso de una organización sindical gigantesca (más de 123 mil miembros, que el año pasado representaron pasivos laborales por casi $42 mil millones) y permanentemente acusada de improductiva y corrupta.
Un informe de la Agencia Internacional de Energía señala que cada trabajador de Pemex genera ventas por $412 mil, algo lejos de los $706 mil que produce cada empleado de Petrobras, la petrolera semiestatal brasileña.
Y aunque en México analistas y funcionarios del Estado dicen entender la grave situación por la que atraviesa Pemex, la realidad es que la petrolera apenas consigue un poco de respiro.
En la recién aprobada reforma fiscal, que promovió el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, una de las prioridades –al menos así se dijo– era reducir la carga fiscal de Pemex.
Al final, se planteó una reducción paulatina del llamado “derecho ordinario sobre hidrocarburos” –en otras palabras, el impuesto que la petrolera estatal paga al fisco mexicano–: del actual 79% pasará a 74% el próximo año; y bajando paulatinamente hasta ubicarse en 71,5% en 2012.
Según cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta medida, tan sólo en su primera fase, permitirá que la petrolera obtenga recursos por más de $2 mil millones, los cuales se aplicarían en inversión y desarrollo tecnológico.
Pero la victoria es mínima. “Por lo menos no subió (el derecho ordinario sobre hidrocarburos) a 80%; y en esos términos, pues ya es ganancia”, ironiza Roberto Sánchez de la Vara, catedrático e investigador del área de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. “El gobierno no tiene con qué sustituir los recursos que recibe de Pemex”.
El problema es que, sin nuevos recursos, Pemex queda inhabilitada para invertir en investigación y desarrollo y explotación de nuevos yacimientos, especialmente aquellos en aguas profundas del Golfo de México, donde se encuentran algunas de las reservas de petróleo más ricas de mundo.
“Pero la tecnología de Pemex no da para llegar a las profundidades indicadas, entre 1.200 y 1.300 metros, distancias que ya alcanzan fácilmente otros proveedores”, dice Sánchez de la Vara.
Una situación que no permite a Pemex aprovechar la riqueza petrolera mexicana y el monopolio que mantiene sobre la explotación de los hidrocarburos a nivel nacional.
Hasta ahora, los inversionistas privados sólo pueden participar en actividades del sector de gas, ciertas tareas de petroquímica, mantenimiento y construcción de infraestructura, y algunas labores de exploración.
Pero para que los privados exploren y exploten los yacimientos bajo el Golfo, incluso en sociedad con Pemex, se requiere un cambio en la ley que pocos se atreven a proclamar y arriesgar una acusación de antipatriota.
Andrés Piedragil
América Economía
A principios de septiembre, las bombas reventaron. En el estado mexicano de Veracruz, en la costa del Golfo de México, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización guerrillera que opera intermitentemente desde 1996, hizo estallar varios ductos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Un mes antes, el grupo subversivo, cuyas acciones recientes reclaman la desaparición de dos de sus miembros, ya había saboteado gasoductos de Pemex en el norte y centro del país. Los atentados en Veracruz causaron daños por más de $9 millones, impulsando un desabastecimiento energético que afectó las operaciones de casi mil empresas en el interior del país.
Si quería dañar al gobierno, el ERP no podría haber elegido un mejor blanco para sus ataques. Cualquier atentado contra la petrolera estatal implica poner en riesgo entre el 35% y 40% de los ingresos públicos de la federación mexicana, justo en un momento en que la compañía poco puede hacer para defenderse, tal como lo reconocen sus propios ejecutivos.
“La situación de Petróleos Mexicanos es crítica y amerita atención inmediata... Pemex no puede continuar así”, dijo Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex. Y es que los explosivos no son los únicos golpes que recibe la petrolera mexicana. Cada año, Pemex debe aportar la mayor parte de sus ingresos al erario público mexicano, cifra que en 2006 llegó al 79% de sus ventas de $100 mil millones, con el que financia el 40% de los ingresos presupuestales del gobierno federal.
Una tajada que mantiene a la sexta petrolera más grande del mundo en una pésima situación financiera, con pasivos que bordean los $55 mil millones, los más altos de la industria petrolera. A esta situación, habría que añadirle el peso de una organización sindical gigantesca (más de 123 mil miembros, que el año pasado representaron pasivos laborales por casi $42 mil millones) y permanentemente acusada de improductiva y corrupta.
Un informe de la Agencia Internacional de Energía señala que cada trabajador de Pemex genera ventas por $412 mil, algo lejos de los $706 mil que produce cada empleado de Petrobras, la petrolera semiestatal brasileña.
Y aunque en México analistas y funcionarios del Estado dicen entender la grave situación por la que atraviesa Pemex, la realidad es que la petrolera apenas consigue un poco de respiro.
En la recién aprobada reforma fiscal, que promovió el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, una de las prioridades –al menos así se dijo– era reducir la carga fiscal de Pemex.
Al final, se planteó una reducción paulatina del llamado “derecho ordinario sobre hidrocarburos” –en otras palabras, el impuesto que la petrolera estatal paga al fisco mexicano–: del actual 79% pasará a 74% el próximo año; y bajando paulatinamente hasta ubicarse en 71,5% en 2012.
Según cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta medida, tan sólo en su primera fase, permitirá que la petrolera obtenga recursos por más de $2 mil millones, los cuales se aplicarían en inversión y desarrollo tecnológico.
Pero la victoria es mínima. “Por lo menos no subió (el derecho ordinario sobre hidrocarburos) a 80%; y en esos términos, pues ya es ganancia”, ironiza Roberto Sánchez de la Vara, catedrático e investigador del área de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. “El gobierno no tiene con qué sustituir los recursos que recibe de Pemex”.
El problema es que, sin nuevos recursos, Pemex queda inhabilitada para invertir en investigación y desarrollo y explotación de nuevos yacimientos, especialmente aquellos en aguas profundas del Golfo de México, donde se encuentran algunas de las reservas de petróleo más ricas de mundo.
“Pero la tecnología de Pemex no da para llegar a las profundidades indicadas, entre 1.200 y 1.300 metros, distancias que ya alcanzan fácilmente otros proveedores”, dice Sánchez de la Vara.
Una situación que no permite a Pemex aprovechar la riqueza petrolera mexicana y el monopolio que mantiene sobre la explotación de los hidrocarburos a nivel nacional.
Hasta ahora, los inversionistas privados sólo pueden participar en actividades del sector de gas, ciertas tareas de petroquímica, mantenimiento y construcción de infraestructura, y algunas labores de exploración.
Pero para que los privados exploren y exploten los yacimientos bajo el Golfo, incluso en sociedad con Pemex, se requiere un cambio en la ley que pocos se atreven a proclamar y arriesgar una acusación de antipatriota.