No comparto la idea de recortes que debiliten el trabajo del Poder Judicial

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Presupuesto del Poder Judicial

Con ocasión del discutido recorte al presupuesto nacional para 2015, pareciera que las necesidades del país y su adecuado funcionamiento o estabilidad social se ven reducidas únicamente al plano económico, monetario; ergo, cuantificable. Pero esto dista mucho de la realidad.
Como bien señalaría la doctrina, todo conflicto de intereses es un conflicto político, por ende, también jurídico. Desde esta perspectiva, no puede soslayarse un hecho ineludible de la función realizada por el Poder Judicial, cual es el mejoramiento de la paz y el mantenimiento de un orden social pleno, del cual no está de más indicar, no escapan los 57 diputados, sea que les miremos en su plano personal o bien, en su carácter funcional, puesto que, en último sentido, son ciudadanos costarricenses.
Con lo anterior, quiero lanzar una seria advertencia de mesura, tranquilidad e ideas frías, que promuevan el acogimiento de planes que coadyuven seriamente al equilibrio financiero del Estado.
Sin embargo, como funcionario judicial, debo decir, no comparto la idea de recortes que debiliten el trabajo de este Poder de la República.
Debe tomarse en consideración que estamos en una época de dificultades, pero no solamente en el plano financiero, sino también de amenazas globales que repercuten directamente en nuestra sociedad y de las que no estamos exentos y debemos estar preparados.
Los medios de comunicación masiva en el mundo hacen alusión actualmente al avance del terrorismo y la expansión del narcotráfico.
En esa óptica, otras naciones —incluso regionales— invierten más dinero en la lucha contra estas pandemias, fortaleciendo el papel de la función judicial.
Pero al contrario, en nuestro círculo político se habla de recortar el presupuesto del aparato judicial.
Entonces, ¿cómo lucharemos como institución contra el crimen organizado? ¿Cómo pagaremos y dotaremos de adecuados equipos a los investigadores del Organismo de Investigación Judicial? ¿Cómo defenderemos los intereses públicos? ¿Cómo resolveremos con celeridad los asuntos incoados por empresas, organizaciones de derechos humanos, ambientales o demás particulares? ¿Cómo esquivaremos la corrupción que fomenta el disgusto en la clase trabajadora mal remunerada? ¿Cómo consolidaremos la Defensa Pública o la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos? En suma: ¿Cómo podremos satisfacer a la ciudadanía, mientras los grupos que corrompen nuestra estructura democrática a través del tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de influencias o robo de recursos públicos, avanzan cada día, con más “maña” y entramado organizacional y presupuesto mal habido?
El plenario debe enfocar sus fuerzas en proyectos económicos de gran calado, atracción de mejores y nuevas fuentes de trabajo —con visión social—, reducción de trámites administrativos, correcta recaudación fiscal; promoviendo un acelerado desarrollo económico que nos permita impulsar la economía y distribuir mayormente la riqueza.
Pero estas iniciativas, no se consiguen reduciendo las finanzas del Poder Judicial como estructura democrática de Costa Rica, sino más bien, fortaleciéndolas.

Fabián Gamboa Corrales

Abogado