Pretenden frenar el bullying en los buses escolares mediante un cambio legal
Se impulsa este proyecto debido a una gran cantidad de casos que se han reportado en las últimas semanas por agresión
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Martes 16 julio, 2024 05:13 p. m.
![Bullying](https://www.larepublica.net/storage/images/2024/07/16/20240716171944.untitled-design-2024-07-16t171849409.jpg)
Con el propósito de evitar los casos de violencia que se han dado a conocer en los últimos días se presentó una iniciativa por parte de Montserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional, que busca ampliar el alcance de la Ley contra el acoso escolar o bullying en Costa Rica.
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Esta propuesta permitiría que los protocolos y reglamentos actuales sean aplicables no solo dentro de las instalaciones escolares y durante los horarios lectivos, sino también en actividades organizadas por los centros educativos, en los servicios de transporte escolar y en las actividades extracurriculares realizadas en espacios públicos o centros deportivos.
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La iniciativa establece que la carga de la prueba recae en quienes son acusados de acoso escolar o bullying y se aplicaría el principio pro-víctima, favoreciendo a la víctima en caso de duda.
En su espacio de control político, se destacó por parte de Ruiz que los hechos ocurridos en San Carlos, en el que un joven agredió a una muchacha llamada Valentina, no son un caso aislado, por el contrario, forman parte de una dolorosa lista de niñas, niños y adolescentes en el país que sufren maltrato, agresión, negligencia y acoso escolar.
“Pongámonos la mano en el corazón y reflexionemos acerca de todo lo que hemos hecho mal, porque cuando niñas y niños ven golpes en sus hogares, crecen pensando que aquello está bien y que así es cómo deben comportarse”, señaló la legisladora.
En la Comisión Especial de Educación se presentó una moción por parte de la diputada, Rosaura Méndez, para que Anna Katharine Müller, ministra de Educación Pública, comparezca para que pueda referirse a los protocolos de actuación para la atención de situaciones de violencia, bullying y otros riesgos vigentes en los centros educativos.