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Viernes, 22 de noviembre de 2024



NACIONALES


Recorte de incentivos implica un contrasentido con interés de hacer más eficiente al Estado

Productividad de funcionarios se vendría de pique con entrada en vigencia de ley de empleo público, según la UCR

Expectativa de ahorro supera los ¢300 mil millones al año

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 11 mayo, 2022


La ley de empleo público empezará a regir en un año. Shutterstock/La República.
La ley de empleo público empezará a regir en un año. Shutterstock/La República.


El congelamiento de los pluses salariales para miles de trabajadores del Estado se traduciría en una menor productividad de las instituciones del gobierno, según la Universidad de Costa Rica (UCR).

Y es que al establecerse un salario máximo por puesto laboral con la ley de empleo público, los funcionarios no tendrían mayor motivación para seguir estudiando y así mejorar en las labores que desempeñan, a la vez, que no estarían obligados a participar en capacitaciones al alegar motivos morales, religiosos o éticos.

Lea más: ¿Cómo la Ley de Empleo Público reducirá el costo del Estado?: Todo lo que debe saber

“Hay un contrasentido en la ley, porque por un lado vamos a la baja en una serie de parámetros que incluyen los incentivos que están siendo satanizados, pero al mismo tiempo, se pretende con la iniciativa hacer más eficiente al Estado”, dijo Alfonso Chacón, docente de Derecho de la UCR.

Lea más: Mismo salario por puesto laboral para todo el sector estatal quedó al fin aprobado

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.

Por otra parte, en el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas, la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría.

Por su parte, Angélica Vega de la carrera de administración se mostró preocupada por los efectos financieros y personales que traerá la ley al engranaje del empleo público en el país, además de su impacto en el consumo.

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal.

Para ello, establecerá una remuneración estándar por puesto para todo el Estado, por lo que en los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

Un ahorro mínimo de ¢309 mil millones al año en el pago de salarios e incentivos, es lo que se estima con la entrada en vigencia de la ley para marzo del otro año.


Puntos básicos


Estos son los principales elementos de la ley de empleo público.

  • Establecer un mismo salario por puesto laboral para todo el sector público es el objetivo
  • El salario del presidente será el más alto
  • Se habilitan ocho familias salariales para trabajadores estatales, docentes de universidades, policías, educadores, magistrados y TSE, Servicio Exterior, personal de confianza y personal de salud
  • Trabajadores con un salario inferior al salario global seguirán recibiendo pluses y otras alzas hasta alcanzar máximo establecido
  • Funcionarios con una remuneración superior al salario global en cada uno de los puestos salariales, serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de incentivos, costo de vida y otros
  • Alta dirección pública será paritaria
  • Objeción de conciencia para oponerse a capacitaciones es válida
  • Período máximo de vacaciones será de 20 días
  • Licencia de paternidad por un mes por hijo biológico o en adopción
  • Convenciones colectivas no podrán negociar nuevas obligaciones o derechos, o variar condiciones laborales referentes a salarios o remuneraciones
  • No se podrán crear nuevos incentivos
  • Prohibida la creación de nuevas plazas por convención colectiva
  • Reglamento para implementar la ley deberá estar listo en seis meses y ley se aplicará en un año


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