Autor: Brandon Flores | E-mail: bflores@larepublica.net | Actualización: Viernes 27 de noviembre, 2020 | Publicación: Jueves 5 de julio, 2018 | Actualizado por: Ronny Gudiño, rgudino@larepublica.net.
Después de enfrentar el peor déficit fiscal de su historia al cierre del 2017 con un 6,2%, y a pesar de mejorar las expectativas para el 2018- acabó con 1,1 puntos porcentuales menos de déficit que lo proyectado-, este no es un problema superado.
Este índice llegó a un 7% histórico al cierre del 2019, si bien un descenso, aún lejano de los porcentajes apenas superiores del 4% hace cerca de seis años.
Desde la entrada del gobierno de Carlos Alvarado se afrontó con el vigor necesario, y en poco más de un año del inicio de su mandato, entró en vigencia una las principales medidas para contrarrestarlo: el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Pero, ¿cómo el país entró en esta asfixiante realidad? ¿Cuál es el efecto de un PIB comprometido? Y lo más importante, ¿podrá sobrevivir al déficit fiscal más alto de su historia?
En primer lugar hay que definir qué es el déficit fiscal, un término que con solo escucharlo ya genera dolores de cabeza.
Un déficit es una carencia o falta de algo y en este caso se llama fiscal porque hace referencia a los recursos del Estado (fisco).
Simplemente se trata de la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos que tiene.
Supongamos que la situación del gobierno es igual a la de una familia que gana ¢100 al mes pero gasta ¢150, la diferencia es el déficit.
Ahora, ¿cómo financia la familia esos ¢50 que le faltan?: recurre a deudas. Lo normal es que solicite un préstamo a un banco o a un tercero.
El gobierno lo hace igual, pide financiamiento a través de instrumentos llamados bonos, para hacer frente a sus responsabilidades fijas.
Hay una serie de hechos desafortunados para el Estado que le han llevado a deber cifras millonarias:
1. Los impuestos constituyen el principal ingreso de cualquier gobierno, en el país los más populares son tres: el IVA (un 13% que pagamos todos los consumidores) y el que cancelan las empresas y trabajadores sobre sus ingresos y utilidades (renta), además del impuesto selectivo de consumo.
Solo con los primeros dos, el Gobierno obtiene el 70% de su dinero, así que si la recaudación de estos está mal, las finanzas estatales también.
2. Otro componente importante es la producción realizada por las empresas públicas propiedad del Estado o las ganancias obtenidas del alquiler o uso de propiedades o servicios públicos.
3.También existen otras vías más excepcionales de obtener recursos públicos; por ejemplo, la venta de determinados activos y la privatización de empresas.
4. O la captación de recursos mediante el endeudamiento en el mercado financiero internacional, conocida esta última como colocación de bonos o títulos de deuda.
5. : El principal problema que ha tenido Costa Rica es que desde 2009, la recaudación ha crecido a un ritmo menor y los gastos aumentaron mucho. Sin embargo, con la reforma fiscal, este primer punto ha mejorado, específicamente con un incremento en casi medio punto del PIB.
Por lo tanto, las autoridades se han visto obligadas a pedir más préstamos para pagar créditos viejos y sus responsabilidades cotidianas, como es el caso de la aprobación del proyecto de eurobonos, el cual, los cuales fueron colocados el 12 de noviembre
Para este 2020 los eurobonos costarricenses sufren las consecuencias de la incertidumbre que se vive en nuestro país por la falta de una hoja ruta clara de la reactivación, lo que generó que los precios bajaran y, por ende, los rendimientos subieran.
Carlos Alvarado enfrenta el peor déficit fiscal de la historia
A octubre pasado, los egresos totales del gobierno crecieron en un 0,05%, mientras los ingresos totales, si bien por las medidas de alivio por el Covid-19, cayeron en un 11,89%
Es justamente allí donde surge la preocupación de Costa Rica, ya que ocupa la casilla 30 global, y la tercera en América Latina, en cuanto a déficit fiscal, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sumado a que en tan solo en septiembre del 2018, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo por ¢498 mil millones del Banco Central a pagar en diciembre del mismo año, cuyo importe ascendió a un 5% del presupuesto nacional, que es el máximo permitido por ley, conocido como “Letras del Tesoro”, el cual se solicitó para poder subsistir y cubrir los gastos necesarios de ese momento.
Si el ritmo sigue así, para este año la deuda llegaría a 70% como porcentaje del Producto Interno Bruto, según las proyecciones de Hacienda.
Desde 1980, las finanzas públicas han presentado déficit, de hecho, en ese periodo sólo en 2006 y 2008 hubo superávit (más ingresos que gastos), esto pone al país en una situación compleja, pues no tiene muchos antecedentes a su favor.
Posteriormente, se mantuvo entre el 2% y el 4% de la producción nacional, hasta 2002, cuando empezó el aumento indetenible que padecemos en la actualidad, principalmente porque los intereses de los créditos viejos ya empezaban a sofocar al gobierno.
Algunas reformas fiscales transitorias, aranceles e impuestos sobre las ventas fueron otros de los principales responsables de ese panorama.
Incluso, esa responsabilidad de pago desplazó una parte del gasto social que era prioridad para el país.
Quizás el escenario que más se asemeja al actual es el que se enfrentó durante 1980, bajo la administración de Rodrigo Carazo Odio.
En una nota previa publicada por LA REPÚBLICA, se explica que en aquel año, al igual que hoy, el Estado gastaba más de lo que recaudaba y el consumo interno era mayor que la capacidad exportadora.
En cuanto a la situación externa, el país afrontaba por un lado la crisis del petróleo que afectó a todo el planeta, sumada a una reducción de los precios de las exportaciones.
El PIB se retrajo un 10% en dos años, el desempleo aumentó un 50% y el tipo de cambio explotó, pasando de ¢8 a ¢65.
En 1982 hubo elecciones presidenciales y llegó Luis Alberto Monge junto con un plan de salvación conocido como el Programa de Ajuste Estructural (PAE).
En ese contexto, se aprobó la ley de equilibrio fiscal, se congelaron plazas y salarios, con el fin de bajar los gastos.
Por otro lado, se reestructuraron los ministerios de Educación y de Salud, la Caja de Seguro Social y otros organismos autónomos. La idea era controlar los salarios públicos.
Del lado de los ingresos se incrementaron las tarifas de los servicios públicos y se realizó una reforma tributaria para gravar la riqueza y el consumo, pero menos la producción y el comercio exterior.
Con estas medidas, sumadas a la reestructuración de la deuda y medidas de apertura de la economía se salió del problema, al menos temporalmente, pese a que el gasto siguió siendo mayor a los ingresos.
Hoy, ese fantasma vuelve a asomarse a la realidad costarricense, pero los márgenes para actuar son más reducidos.
¿Cuánto le cuesta al país tener un déficit fiscal tan elevado? Las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas.
Volvamos al ejemplo de la familia: si su nivel de deuda sigue creciendo, debe seguir pidiendo prestado, no solo para costear sus gastos, sino para pagar los atrasos.
El problema es que esa familia está manchando su récord de crédito y muy pronto ningún banco querrá darle financiamiento por el riesgo de que no pague.
La misma situación le ocurre al país, actualmente tiene una reputación financiera internacional desgastada, por lo que le está costando mucho conseguir algún prestamista y si lo encuentra, tiene que pagar intereses muy altos.
Por si fuera poco, Fitch y Moody’s, dos de las calificadoras de riesgo económico más importantes del mundo, le han bajado la evaluación a Costa Rica (B con perspectiva negativa y B2 con perspectiva negativa, respectivamente) al punto de que muchos inversionistas verían más riesgoso dejar su dinero aquí.
Consecuentemente, destinar el dinero a financiar ese faltante, reduce las inversiones en educación, salud, infraestructura, programas sociales, incentivos tecnológicos y otros proyectos que beneficien a la población.
A nivel macroeconómico, en la teoría el elevado déficit provocaría tasas de interés más altas, es decir, que los costarricenses deberemos pagar más por los créditos bancarios, ya que se deben subir para que no se pierda el interés por invertir en moneda local y no se descontrole el tipo de cambio.
Sin embargo, en nuestro país está aconteciendo lo contrario. Bancos reducen su tasa de interés luego de que el Banco Central disminuyera el Encaje Mínimo Legal. Así como se colocó un tope a las tasas de interés a mediados del 2020
También las empresas se verán afectadas, sobre todo las que necesitan financiamiento, ya que les será más costoso producir y con ello generar empleo, además de que se reflejaría en inflación y devaluación del colón.
Como se aprecia, no hay que ser un experto financiero para darse cuenta de que estamos ante un problema bastante serio e inevitablemente las que más sufrirán serán las familias que tienen ingresos más bajos.
Por si fuera poco, hay un dato más para alarmarse: la deuda pública bruta de Costa Rica sobrepasa al resto de países centroamericanos.
De esta forma, por ejemplo, se proyecta que Costa Rica acabó el año con un 4% más de déficit fiscal que El Salvador
Un dato que nos sonroja aún más es que mientras nuestro gobierno ha realizado solo cinco reformas de impuestos para controlar el déficit, los vecinos nos superan: Nicaragua tiene siete, Panamá nueve, Honduras y El Salvador 13 cada uno y Guatemala 18, según el informe Estado de la Región más reciente, el cual no contempla la llegada del Impuesto sobre el Valor Agregado.
Así entonces, parece que estamos en una cuerda floja tratando de mantener el equilibrio financiero.
Un problema de este tipo requiere acciones prácticas y urgentes, que en algunos casos podrían no agradar a todos.
Volvamos una vez más al caso de la familia endeudada y supongamos que sus miembros se proponen reducir los gastos del hogar quitándose algunos privilegios.
Además, consiguen nuevos medios para obtener ingresos.
En un tiempo prudencial, esa medida de reducir costos y ganar más dinero, reduciría poco a poco la deuda y les daría un respiro a las finanzas de ese hogar.
En el caso del gobierno, el principio es el mismo pero el proceso no es tan sencillo.
María del Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, propuso cargas tributarias a servicios que antes no los tenían.
Ya vimos que la mayor parte de los ingresos del gobierno proviene de los impuestos, de ahí que una de las principales propuestas que tiene el plan antidéficit presentado por Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, fue ponerles carga tributaria a servicios que no lo tenían.
O lo que es lo mismo al conocido IVA, en el cual, a partir de julio del año pasado, usted paga hasta un 13% más en operaciones de bienes y servicios, con sus excepciones porque el gobierno busca obtener ingresos a como dé lugar.
Así como sus conocidas tarifas diferenciadas del 2% para medicamentos, 4% Servicios de salud humana privados o el 1% para la canasta básica.
Asimismo, el gobierno planteó más de 10 propuestas para cortar de raíz con beneficios “excesivos” que tienen los trabajadores del sector público, lo cual obviamente provocó la molestia de los sindicatos.
Además, se estima que el impacto en el bolsillo de las familias costarricenses no es tan grande, puesto que el IVA aumenta el gasto en los hogares en solo un 1%.
Pero, como mecanismo de recaudación ante una economía deprimida que va a incrementar los precios, es obvio durante un tiempo existe una caída del consumo.
Eso sí, la recaudación del IVA a un comienzo se creía exitosa, ya que en noviembre alcanzaron los niveles de ingresos más altos en cinco años. Pero la suerte cambió con la llegada del Covid-19, que derivó en moratorias fiscales que dieron al traste con las cifras.
Consecuentemente, la recaudación del IVA no sería, al menos al principio, lo que desea el gobierno.
En cuanto a la deuda pública del gobierno, solo por detrás de El Salvador, la de Costa Rica para el cierre de este año y del 2021 sería la más alta de Centroamérica, según proyecciones del FMI.
Por último, una medida importante es que Hacienda irá tras los evasores de impuestos o aquellos que han declarado cero utilidades en los últimos periodos, esto incluye personas físicas y empresas.
Enviar a cobro judicial a aquellos contribuyentes en casos que sea necesario, cobrar sumas pagadas a personas fallecidas, realizar más de mil operativos para frenar el contrabando, ampliar la utilización de la factura electrónica e implementar el registro de accionistas son algunas de las acciones anunciadas por el gobierno para declarar la guerra a los evasores.
Para reactivar la economía es necesario implementar reformas estructurales que aborden los desajustes del mercado laboral y la informalidad, mejorar la educación, reducir las carencias en cuanto a infraestructuras y fortalecer la competencia, pues contribuiría a impulsar la productividad y reducir la desigualdad.
Este es el panorama financiero que enfrenta Carlos Alvarado con el país, si bien se han dado señales que auguran un panorama esperanzador, falta el último paso y el compromiso de todos los involucrados para resolverlo.
Quizás una buena táctica sería echar un vistazo a lo ocurrido en la década de 1980 y desempolvar algunas recetas que dieron resultado en aquella época.
BIOGRAFÍAElián Villegas |
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Cargo | Ministro de Hacienda |
Predecesor | Rodrigo Chaves |
30 de octubre de 2019- 28 de mayo de 2020 |
Variable | Variación 2020 |
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PIB real | -6,5* |
Demanda interna | -4,8* |
Exportaciones | -17,4* |
Importaciones | -12,4* |
Liquidez total | 12,2** |
Crédito al sector privado | -0,4** |
Inflación | 0,45** |
Deuda | 68,4** |
*A septiembre del 2020 **A octubre del 2020 |