¿Qué ganó y qué perdió Costa Rica en caso del San Juan?
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 14 julio, 2009
El fallo de la Corte Internacional de Justicia le generó ventajas y desventajas al país
¿Qué ganó y qué perdió Costa Rica en caso del San Juan?
> Navegación con fines comerciales, turísticos y derecho de ejercer la pesca son puntos a favor
> Prohibición de que policías ticos naveguen armados en el río obliga a Costa Rica a replantearse su estrategia en seguridad
Ya no hay nada más por hacer, la resolución de la Corte Internacional de Justicia en La Haya es inapelable y como en toda querella se gana… pero también se pierde.
El conflicto que existía entre Costa Rica y Nicaragua por los derechos de navegación sobre el río San Juan le deparó al país aspectos positivos y otros negativos, pero desde el punto de vista de los expertos el balance se inclina más a favor de los ticos que de los nicas.
La Corte —como principal órgano de justicia de Naciones Unidas (ONU)—, reconoció la libre navegación de Costa Rica por el San Juan con fines de comercio, incluido el transporte de pasajeros y turistas, actividad que el país tuvo impedida en los últimos diez años.
Quienes viajen por el cauce en naves costarricenses ejerciendo el libre derecho a la navegación no requieren visados nicaragüenses; ni tampoco deben comprar tarjetas de turistas de ese país.
Sobre esto último, por nueve votos contra cinco, los jueces hallaron que Nicaragua no está actuando conforme al tratado limítrofe del 15 de abril de 1858 (Cañas-Jerez) al cobrar por las tarjetas de turismo o visado.
Dada la importancia del turismo para la economía nacional, esta decisión podría reactivar el sector en las comunidades aledañas y por ende su economía local.
“Desde que se fijó el cobro y desde que se empezaron a pedir requisitos como el visado y el pasaporte, vimos disminuir considerablemente la afluencia de visitantes, esperamos que con este fallo la situación mejore por el bien de la zona”, comentó Luis Arrieta, propietario de la empresa Travesía Sarapiquí, la cual brinda servicios turísticos de viajes en bote por el San Juan.
Por otra parte, con este fallo a partir de ahora se concede a los habitantes del lado costarricense del río el derecho a circular para llegar a las comunidades, esto con el fin de satisfacer sus necesidades básicas e incluso de salud y educación.
Otro punto en el que Costa Rica sacó ventaja es en el sector productivo. La resolución concluyó que Costa Rica tiene en la pesca de subsistencia un derecho habitual que Nicaragua “está obligada a respetar”.
“Este es un aspecto fundamental, pues es la forma de subsistencia de muchos costarricenses en esa zona, pero en general es un fallo muy significativo y favorable para Costa Rica”, dijo Constantino Urcuyo, analista político e internacional.
Las decisiones no favorables para el país son dos: de forma unánime esta instancia dijo que ningún barco costarricense tiene derecho a navegar con funciones de policía y subraya que está prohibido el traslado de armas o municiones para suplir a su personal de seguridad en la zona o el cambio de funcionarios en trabajos de seguridad.
De igual manera a partir de este pronunciamiento Nicaragua podrá detener para inspección navíos costarricenses y a sus pasajeros y solicitar a los tripulantes documentos de identificación, tales como pasaporte u otros.
Otro hecho que sopesan los expertos es “el fin de un tema meramente político” en Nicaragua. César Zúñiga, politólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica, considera que el conflicto de navegación entre los dos países en el río San Juan venía siendo utilizado en los últimos años por los políticos nicaragüenses como “una válvula de escape” para desviar la atención de los problemas internos más serios de ese país.
El fallo generó reacciones favorables en diversos sectores. Roberto Tovar, canciller de la República durante la pasada administración —quien inició el proceso en La Haya— aseguró que es una resolución favorable.
“Hay otras vías para abastecer a los puestos de seguridad, eso no es tan esencial, el fallo es muy favorable para Costa Rica, valió la pena lo que hicimos”, dijo el diplomático.
La Cancillería había asegurado que una vez terminado el proceso iba a dar a conocer su costo total para las arcas del Estado. Ayer trascendió que el país invirtió en este cerca de $1,5 millones, cifra que resulta muy inferior comparada al gasto en que han incurrido otros países para dilucidar sus problemas limítrofes en la misma instancia.
Carlos J. Mora
cmorah@larepublica.net
Ver editorial
¿Qué ganó y qué perdió Costa Rica en caso del San Juan?
> Navegación con fines comerciales, turísticos y derecho de ejercer la pesca son puntos a favor
> Prohibición de que policías ticos naveguen armados en el río obliga a Costa Rica a replantearse su estrategia en seguridad
Ya no hay nada más por hacer, la resolución de la Corte Internacional de Justicia en La Haya es inapelable y como en toda querella se gana… pero también se pierde.
El conflicto que existía entre Costa Rica y Nicaragua por los derechos de navegación sobre el río San Juan le deparó al país aspectos positivos y otros negativos, pero desde el punto de vista de los expertos el balance se inclina más a favor de los ticos que de los nicas.
La Corte —como principal órgano de justicia de Naciones Unidas (ONU)—, reconoció la libre navegación de Costa Rica por el San Juan con fines de comercio, incluido el transporte de pasajeros y turistas, actividad que el país tuvo impedida en los últimos diez años.
Quienes viajen por el cauce en naves costarricenses ejerciendo el libre derecho a la navegación no requieren visados nicaragüenses; ni tampoco deben comprar tarjetas de turistas de ese país.
Sobre esto último, por nueve votos contra cinco, los jueces hallaron que Nicaragua no está actuando conforme al tratado limítrofe del 15 de abril de 1858 (Cañas-Jerez) al cobrar por las tarjetas de turismo o visado.
Dada la importancia del turismo para la economía nacional, esta decisión podría reactivar el sector en las comunidades aledañas y por ende su economía local.
“Desde que se fijó el cobro y desde que se empezaron a pedir requisitos como el visado y el pasaporte, vimos disminuir considerablemente la afluencia de visitantes, esperamos que con este fallo la situación mejore por el bien de la zona”, comentó Luis Arrieta, propietario de la empresa Travesía Sarapiquí, la cual brinda servicios turísticos de viajes en bote por el San Juan.
Por otra parte, con este fallo a partir de ahora se concede a los habitantes del lado costarricense del río el derecho a circular para llegar a las comunidades, esto con el fin de satisfacer sus necesidades básicas e incluso de salud y educación.
Otro punto en el que Costa Rica sacó ventaja es en el sector productivo. La resolución concluyó que Costa Rica tiene en la pesca de subsistencia un derecho habitual que Nicaragua “está obligada a respetar”.
“Este es un aspecto fundamental, pues es la forma de subsistencia de muchos costarricenses en esa zona, pero en general es un fallo muy significativo y favorable para Costa Rica”, dijo Constantino Urcuyo, analista político e internacional.
Las decisiones no favorables para el país son dos: de forma unánime esta instancia dijo que ningún barco costarricense tiene derecho a navegar con funciones de policía y subraya que está prohibido el traslado de armas o municiones para suplir a su personal de seguridad en la zona o el cambio de funcionarios en trabajos de seguridad.
De igual manera a partir de este pronunciamiento Nicaragua podrá detener para inspección navíos costarricenses y a sus pasajeros y solicitar a los tripulantes documentos de identificación, tales como pasaporte u otros.
Otro hecho que sopesan los expertos es “el fin de un tema meramente político” en Nicaragua. César Zúñiga, politólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica, considera que el conflicto de navegación entre los dos países en el río San Juan venía siendo utilizado en los últimos años por los políticos nicaragüenses como “una válvula de escape” para desviar la atención de los problemas internos más serios de ese país.
El fallo generó reacciones favorables en diversos sectores. Roberto Tovar, canciller de la República durante la pasada administración —quien inició el proceso en La Haya— aseguró que es una resolución favorable.
“Hay otras vías para abastecer a los puestos de seguridad, eso no es tan esencial, el fallo es muy favorable para Costa Rica, valió la pena lo que hicimos”, dijo el diplomático.
La Cancillería había asegurado que una vez terminado el proceso iba a dar a conocer su costo total para las arcas del Estado. Ayer trascendió que el país invirtió en este cerca de $1,5 millones, cifra que resulta muy inferior comparada al gasto en que han incurrido otros países para dilucidar sus problemas limítrofes en la misma instancia.
cmorah@larepublica.net
Ver editorial