Reactivación económica se vería afectada con aprobación de ley de empleo público, según la UNA
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 20 abril, 2021 08:55 a. m.
La urgente reactivación económica y la generación de nuevos empleos se verían afectadas si los diputados aprueban una ley de empleo público, según varios economistas que participaron en un foro de la Universidad Nacional (UNA).
Al establecer un salario estándar por puesto laboral para todo el sector estatal, eliminando los pluses para quienes tengan un salario superior al salario promedio, se estaría afectando el poder adquisitivo de miles de trabajadores públicos que hoy mueven la economía.
“Este proyecto se inscribe dentro de una lógica regresiva que más bien atenta contra la recuperación económica, pues al golpear al sector público se golpea también al privado”, dijo Sofía Guillén, economista y consultora de movimientos y agrupaciones sociales.
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Por otra parte, la nivelación de salarios (en el caso de quienes ganan menos) es un trampa, pues el mismo ministerio ha adelantado que, por aplicación del regla fiscal, no existen los recursos para pagar esas diferencia salariales, agregó Guillén.
Desde el análisis jurídico, Gastón Baudrit Ruiz, asesor jurídico del Consejo Nacional de Rectores (Conare) recordó que el crecimiento de los salarios en el sector universitario se derivan de leyes específicas o generales que provienen de la Asamblea Legislativa o normativa externa y que son de cumplimiento obligatorio (anualidades, incentivos a profesionales de la salud, dedicación exclusiva, prohibición, entre otras). También, destacó que los salarios superiores a los 3 millones de colones representan solo el 5.64% de este rubro en las universidades.
La iniciativa, que establece un mismo salario por puesto laboral en el gobierno, pretende racionalizar el gasto y ordenar los sistemas de remuneraciones.
Se trata del proyecto más importante de ajuste estructural que presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.
