Rebajo de marchamo debe aprobarse antes de iniciar noviembre para que aplique en 2021

El rebajo del marchamo a la mitad que pretenden los diputados de oposición, debe aprobarse antes de iniciar noviembre, de lo contrario, no podría aplicarse para el derecho de circulación del 2021.

Y es que al iniciar el cobro del impuesto al ruedo a partir del 1 de noviembre -como es la costumbre – no se podría disminuir su monto, ya que ninguna ley es retroactiva, reconocen varios diputados de oposición.

Bajo esa premisa, los legisladores de Liberación, la Unidad, Nueva República y Restauración avanzan contrarreloj en sus intenciones, ya que primero deberían sortear el trámite en comisión -bloqueado por la bancada oficialista del PAC – para después aprobar en dos debates la iniciativa y lograr que el presidente Carlos Alvarado sancione la ley, lo cual, parece toda una odisea si se toman en cuenta los plazos habituales del Parlamento.

Rebajar a la mitad el derecho de circulación, establecer montos de rebajo según la antigüedad de los vehículos y exonerar a los dueños de vehículos que demuestren que perdieron ingresos o el empleo por culpa de la pandemia de la Covid-19, son algunas de las propuestas que manejan los diputados opositores.

La disminución se aplicaría a carros con un valor inferior a ¢20 millones, mientras que las motocicletas con un cilindraje de 500 centímetros cúbicos y los yates y helicópteros no tendían ningún beneficio.

El alto desempleo de 24,4% y las restricciones al libre tránsito que se han puesto en vigencia por culpa de la pandemia, hacen imposible que se cobre el monto habitual del marchamo, por lo que es necesaria una compensación, dicen los diputados de oposición.

“Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, por lo que sería injusta una tributación que se calcule igual que los años anteriores”, dijo Franngi Nicolás, diputada de Liberación.

Mientras tanto, el Gobierno de Carlos Alvarado trata por todos los medios de evitar que los diputados rebajen a la mitad el derecho de circulación.

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Y es que si prospera el proyecto de ley -que se estudia en la Comisión de Asuntos Económicos – el Poder Ejecutivo tendría un hueco fiscal de ¢80 mil millones.

Un aumento en el déficit que se estima en más del 8% del PIB al término del año -, así como un deterioro en la calidad de las carreteras, serían las consecuencias inmediatas de la medida, así como un desfinanciamiento de programas sociales, de educación y vivienda.

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El Gobierno se encuentra con el agua al cuello producto de la mala administración histórica de la hacienda pública y por el efecto de la Covid-19, que desaceleró la economía y generaría una reducción de ingresos este año de más de ¢1,2 billones, agravando el problema del déficit y la deuda.

“Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual”, dijo Elián Villegas, ministro de Hacienda.