Rebeldía llevó a más de 100 instituciones a declararse libres de límite salarial que fijará el gobierno

Un 30% de las instituciones del Estado se declaró rebelde de la Ley de empleo público.

Esto significa que 103 dependencias del gobierno declararon todos sus puestos exclusivos y excluyentes de la normativa y con ello, se autoregularán en materia salarial y régimen sancionatorio entre otras tareas.

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Se trata de todas las municipalidades – salvo la de Matina -, las universidades públicas, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa.

La ley de empleo público fue aprobada por el Congreso anterior con el objetivo de ponerle un freno al crecimiento de los pluses en el sector estatal.

Para ello, faculta al Ministerio de Planificación (Mideplan) a establecer un límite salarial por puesto laboral para todo el Estado.

Sin embargo, al término del debate legislativo, la Sala IV abrió un portillo para garantizar la autonomía a las universidades públicas, los poderes del Estado y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y a partir de ahí, la rebelión se extendió, a tal punto que se convirtió en un abuso.

“El plazo reglamentario para que las instituciones informen sobre su accionar en este tema venció el pasado 10 de julio. Como Ministerio hemos hecho enormes esfuerzos. Hemos visto con gran preocupación el abuso de la interpretación de esta Ley. La Sala IV abrió un portillo que terminó convirtiéndose en un portón que permitió el abuso. Hay instituciones que hicieron declaratorias más allá del juicio técnico que les faculta, por ejemplo, los poderes de la república como el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, además de la Contraloría, lo cual, resulta ofensivo a la inteligencia”, dijo Laura Fernández, ministra de Planificación.

La molestia de la jerarca se debe a que no es entendible ni justificable que una persona con labores administrativas y funciones no esenciales para una institución tenga una escala salarial diferente al resto de los empleados públicos.

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Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una secretaria, un misceláneo, un mecánico o el personal de contabilidad, proveeduría y recursos humanos de las instituciones sujetas a la ley de empleo público y las que se declararon autónomas?, se preguntó Fernández.

En principio, las instituciones rebeldes tendrán que fijar nuevas escalas salariales con la nueva normativa, pero nadie las podrá controlar, ni tampoco cuestionar. El temor de la funcionaria es que la libertad con la que harán esta tarea se convierta en un abuso.

Salvo el régimen municipal, todas las instituciones que declararon todos sus puestos exclusivos y excluyentes impactan en el gasto público, por lo que de momento no se conoce a ciencia cierta a cuánto ascenderá el ahorro por la entrada en vigencia de la nueva normativa.

“A los ticos les gusta que todo el mundo entre en disciplina menos yo y esta ley de empleo público lo demuestra. Es un problema muy serio, ha habido un pulso muy serio entre el gobierno y algunas instituciones por este tema, pero todavía no hemos terminado”, dijo Rodrigo Chaves.

De momento no está claro cuáles serán los siguientes pasos del gobierno en esta materia, pero sí es claro que se buscará una reforma legal para obligar a todas las instituciones a someterse a un salario global por puesto de trabajo.

La Ley de Empleo Público es la reforma más importante en materia de remuneraciones en más de 50 años y posiblemente de la historia para Costa Rica, ya que prohíbe la creación de nuevos pluses, frena el crecimiento de los incentivos actuales y establece un salario máximo por puesto para todo el Estado.

En principio, la ley permitiría un ahorro anual de ¢309 mil millones; sin embargo, la actitud rebelde de más de 100 instituciones amparadas en un portillo legal que abrió la Sala IV en torno a la autonomía, desinfló el impacto de la normativa.