Reclamos al Gobierno para la protección de los tiburones se intensifican

Los tiburones han dado un dolor de cabeza al gobierno de Carlos Alvarado, debido a los cuestionamientos que se han hecho sobre los criterios para determinar cuáles de las especies de este animal son sujeto de pesca comercial.

Actualmente es un comité científico del Ejecutivo quien determina cuáles especies son de interés pesquero, independientemente de que estén en peligro de extinción o amenazadas, por lo que se impulsa un proyecto de ley para liberar dichos tiburones de esos criterios y protegerlos.

Se trata de una iniciativa que busca modificar la Ley de Conservación de Vida Silvestre para incluir en ella a los tiburones en peligro de extinción o bajo seria amenaza, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

En la última semana, Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana, y José María Villalta, del Frente Amplio, presionaron para que el Ejecutivo convoque dicho proyecto a sesiones extraordinarias, periodo que finaliza el próximo 31 de julio.

Para los legisladores es necesario avanzar rápidamente con el proyecto dado que el Gobierno ha emitido resoluciones que autorizan la comercialización de tiburones en aguas costarricenses, pese a que deberían de estar protegidas.

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“Deben nuevamente reconocerse las especies de tiburón como vida silvestre para que las autoridades científicas del país y de conservación ambiental tengan las herramientas necesarias para protegerlas y frenar la práctica de los últimos gobiernos de autorizar su comercialización e incentivar su pesca ilegal”, explicó Villalta.

Detener la explotación y exportación ilegal de tiburones amenazados a través de una ley es imperante, ya que los mecanismos actuales del Gobierno son laxos, en criterio de Jorge Jiménez, director ejecutivo de la Fundación MarViva.

Entre el 24 de noviembre del 2020 y el 7 de enero del 2021, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) aprobó once solicitudes de exportación de especies de tiburón cobijadas por CITES.

Las actuaciones del Senasa ocurrieron pese a que en noviembre del 2020 la Sala Primera anulara el decreto, emitido en la administración de Luis Guillermo Solís, que permitía la comercialización de las especies y sus actos conexos, denunció MarViva.

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En tanto, Senasa argumentó que dichas exportaciones se hicieron bajo el marco de la legalidad, ya que las autorizó sin haber sido notificada del fallo de la Sala Primera ni haber formado parte del proceso judicial.

Es hasta el 9 de febrero del 2021 que Senasa conoce oficialmente la nulidad del decreto en cuestión, resume un oficio emitido por dicho organismo gubernamental.