Reformas en seguridad tendrán un rol principal en el Congreso hasta finales de enero
El país ya contabiliza 749 homicidios
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 27 octubre, 2023 09:19 a. m.
A partir de noviembre y hasta finales de enero, los diputados se concentrarán en la discusión de diversas reformas legales para frenar el narco y el crimen organizado.
La decisión fue tomada por las jefaturas de fracción con el objetivo de brindar una respuesta del parlamento a la crisis de criminalidad, violencia y homicidios.
En lo que llevamos del año, se han contabilizado 749 asesinatos, lo cual es un récord para Costa Rica y pone en entredicho la imagen de paraíso de paz tropical, según varios medios internacionales que han reportado el avance del narco.
"Como primer paso, en la próxima reunión de jefes de fracción se llevará a cabo un encuentro con la Ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, así como con los miembros de la comisión de Seguridad y Narcotráfico. El propósito de esta reunión es elaborar una lista de proyectos que puedan avanzar durante el próximo periodo de sesiones extraordinarias", dijo Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.
El periodo de sesiones extraordinarias inicia este 1 de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero de 2024.
¿Mano dura?
Desde que la crisis en seguridad afecta al país, el presidente Rodrigo Chaves ha promovido una serie de iniciativas de mano dura para lidiar con la situación.
Las propuestas incluyen juzgar a los menores convertidos en sicarios con la ley penal de crimen organizado para que vayan a la cárcel, así como una propuesta para que se limiten los beneficios carcelarios y personas con antecedentes de narcotráfico u homicidio no estén libres, entre otras reformas.
Sin embargo, aplicar una política de seguridad de mano dura contra el narcotráfico, el crimen organizado y los homicidios no es posible en Costa Rica, de acuerdo con varios diputados de oposición.El país debe garantizar el debido proceso penal, así como los derechos humanos de todos los involucrados, incluidos los criminales.
Por otra parte, cualquier reforma legal que se apruebe debe tener en cuenta la integralidad de la situación, evitar el populismo y el hacinamiento carcelario para no violar los acuerdos internacionales que el país ha firmado, así como una visión garantista de los derechos.
En síntesis, el país no puede implementar una política al estilo del presidente Nayib Bukele de El Salvador.
"Con una sola acción, como meter a la gente en la cárcel, no vamos a resolver todos los problemas y en ese sentido, debemos pensar que también somos un país garantista; es decir, que cualquier decisión que tomemos no debe olvidar el principio de inocencia, que las personas acusadas tengan un abogado y que se cumpla con el debido proceso", dijo Vanessa Castro, diputada del PUSC.
La legisladora se refirió a una consulta de LA REPÚBLICA sobre el endurecimiento de las medidas cautelares y los beneficios carcelarios.
En estos momentos, el 27% de las personas que están en la cárcel son reincidentes, según el Ministerio de Justicia, a la vez que los delitos relacionados con homicidios y drogas se ubican en el top 3 de más personas encarceladas.
Además del PUSC, legisladores del PLN y Nueva República advirtieron que las propuestas que ha hecho el presidente Rodrigo Chaves para frenar el crimen no solo violan los derechos humanos, sino que contravienen en algunos casos la Constitución Política.
En ese sentido, Óscar Izquierdo, jefe del PLN, hace un llamado a no tomar decisiones "al calor del momento."
"Hay proyectos del gobierno que fueron analizados por el Departamento de Servicios Técnicos y que han advertido que tienen roces de inconstitucionalidad. No se trata de aprobar proyectos al calor del momento, sino que se requiere hacer una pausa en el camino para discutir y apoyar iniciativas que sean necesarias y que no violenten principios de derechos humanos," dijo Izquierdo.
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Acción integral
La aplicación de una mano dura contra el crimen organizado y los narcotraficantes no es suficiente para resolver el tema de los homicidios, según los legisladores de oposición, quienes demandan una acción integral.
Vanessa Castro
Diputada
PUSC
No es que con una sola acción vamos a solucionar todos los problemas y en ese sentido, cuando analizamos si los proyectos de ley ayudarán a resolver la problemática del narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato, tenemos que ponernos a pensar que también somos un país garantista; es decir, que cualquier acción que tomemos no debe olvidar el principio de inocencia, que las personas acusadas tengan un abogado y que se cumpla con el debido proceso.
Gloria Navas
Presidenta
Comisión de Seguridad y Narcotráfico
En general, pienso que las reformas penales deben analizarse de manera integral. No es bueno hacer reformas aisladas sin convocar a expertos y el conocimiento de políticas implementadas. La mano dura no necesariamente resuelve la problemática.
Por ejemplo, en el caso de penalizar con sanciones más fuertes a los jóvenes, como propone el presidente Rodrigo Chaves, no creo que ese deba ser el camino, ya que va en contra de todas las leyes nacionales y la teoría del tratamiento del delincuente joven.
Óscar Izquierdo
Jefe de fracción
Liberación
Hay proyectos del gobierno que fueron analizados por el Departamento de Servicios Técnicos y que han advertido que tienen roces de inconstitucionalidad.
No se trata de aprobar proyectos al calor del momento, sino que se requiere hacer una pausa en el camino para discutir y apoyar iniciativas que sean necesarias y que no violenten principios de derechos humanos.
Siempre debemos garantizar el debido proceso y los derechos humanos; por ejemplo, no podemos encarcelar a alguien si no se ha cumplido con el procedimiento, además de respetar los convenios internacionales.
David Segura
Diputado
Nueva República
Los delincuentes deben estar en la cárcel, y para Nueva República, el enfoque siempre debe beneficiar primero a las víctimas. Hay que revisar bien los procedimientos para el otorgamiento de esos beneficios para que solamente quienes realmente los merezcan puedan utilizarlos.
El problema es que actualmente esos beneficios son la norma y no la excepción, como debería ser. Repito, el delincuente debe estar en la cárcel.
La solución ante el hacinamiento no es dejarlos libres para que vuelvan a delinquir en la calle
