Rigidez del gasto reduce espacio para mejora de las finanzas públicas

Cerca de un 95% de los gastos del gobierno son inflexibles y establecidos por mandato legal lo cual limita el control y el recorte que la Asamblea pueda realizar del presupuesto presentado hace dos semanas.

Sin embargo, en el corto plazo, se deben realizar todos los esfuerzos posibles para ordenar y racionalizar el gasto público, aumentar la recaudación de impuestos e intentar posteriormente la aprobación de nuevos tributos. Adicionalmente, se debe evaluar el uso de los recursos para determinar que este sea el más adecuado o sino destinarlos a necesidades alternativas y evitar la creación de nuevas erogaciones sin su correspondiente fuente de ingresos, esto es parte de las recomendaciones que da Grupo Financiero Acobo.

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“Mejorar la situación de las finanzas públicas no es tarea sencilla y requiere el compromiso de este y los próximos gobiernos. En el futuro, las finanzas del país deben conllevar una planificación financiera de mediano y largo plazo e incluir análisis cuantitativos de las decisiones que se estén evaluando en materia de ingreso y gasto público, para tener mayores criterios de evaluación y decisión”, señaló Luis Diego Herrera, analista económico de Acobo.

El estado deficitario de las finanzas del Estado afecta negativamente las tasas de interés, el saldo de deuda, la inversión pública y la estabilidad macroeconómica, por otro lado, la coyuntura económica internacional y nacional ha permitido al gobierno de turno enfrentar la situación de las finanzas públicas sin observar consecuencias adversas para la economía.

Sin embargo, las condiciones pueden variar y el espacio para tomar medidas correctivas reducirse.

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Uno de los principales problemas es que el saldo de la deuda pública se ha incrementado en 14,7 puntos porcentuales entre 2008 a 2015, como consecuencia de no tener una reforma fiscal.

El déficit fiscal continúa con tendencia al alza, lo que genera preocupación, ya que en el corto plazo esto generará un mayor nivel de endeudamiento y posibles presiones sobre las tasas de interés internas.

Además, con el fin de enfrentar el pago de intereses y el de remuneraciones, se han sacrificado los gastos de capital (inversiones) lo que afecta la competitividad de la economía costarricense.