Robo de propiedades acecha a inversionistas

Al menos cinco personas han denunciado ser víctimas de estafa este año por notarios dedicados a hacer fraudes con terrenos e inmuebles

Robo de propiedades acecha a inversionistas

El año anterior 48 personas fueron víctimas de este problema, 40 de ellas en San José

Legislación obsoleta y escasos recursos de control, complican el proceso de recuperación de las propiedades



Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net

Puede resultar difícil de creer, pero en lo que va de este año al menos cinco personas han visto perder sus propiedades de un día para el otro.
De igual forma, en 2007, 48 personas se toparon con la sorpresa de que sus inmuebles pasaron a otras manos sin su consentimiento.
El robo de propiedades en Costa Rica mantiene en vilo al país entero, pero más aún a los inversionistas de la industria inmobiliaria.
Los testimonios como el del estadounidense Robert Sprague empiezan a ser tema de conversación casi diario para los empresarios de estos sectores, pues esta problemática atenta contra la captación de inversión extranjera y la venta de proyectos.
Sprague, un artista estadounidense con bienes en el país había escuchado sobre el robo de propiedades en Costa Rica, por lo que con regularidad —y siguiendo las recomendaciones de sus abogados— consultaba el estado de estas en el Registro Nacional.
Sin embargo, el año anterior aconteció lo más temido: fue víctima de una estafa, mediante la cual perdió una de sus propiedades en el sector de Escazú, de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y valorada en más de $400 mil.
“Esto me olió mal, a corrupción”, dijo Sprague, quien había adquirido dicha propiedad en 1982.
El estadounidense llevó el caso ante las autoridades judiciales y contrató abogados tanto en Estados Unidos como en Costa Rica para agilizar la recuperación de su propiedad, sin embargo la decepción se incrementó cuando le advirtieron que el proceso podría extenderse hasta por cinco años.
Pero no son los extranjeros radicados en el país quienes están más propensos a ser estafados.
San José es la provincia en donde más robos de propiedades se reportan anualmente. Cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que, de los 48 casos reportados en 2007, 40 ocurrieron en la capital, principalmente en zonas de alta plusvalía como Escazú, Santa Ana y Curridabat.
Después de San José, Alajuela es la segunda provincia con mayores denuncias de este tipo, no obstante debido al auge inmobiliario y comercial en el Pacífico del país, los inversionistas temen que las noticias de los primeros casos en esta zona sean el presagio de que Guanacaste y Puntarenas se conviertan en el nuevo blanco de las bandas de notarios dedicadas a perpetrar este tipo de estafas.
“Estamos muy preocupados de que los notarios no estén ejerciendo su profesión de manera legal, esto atenta contra la imagen de seguridad jurídica que se ha ganado el país”, aseguró Joshua ten Brink, gerente general de Sonesta Jacó Resort.
La preocupación de los inversionistas se acentúa ante el hecho de que los notarios que incurren en estas irregularidades no se exponen a sanciones severas y producto de ello, reinciden en sus fraudes.
Solo en 2007, la Dirección Nacional de Notariado suspendió a 289 profesionales e inhabilitó a 322 por estas causas, sin embargo quienes son suspendidos pueden volver a ejercer la actividad notarial concluido el proceso sancionatorio.
“En los pocos casos elevados al Ministerio Público se dicta el sobreseimiento, pues las autoridades judiciales determinan que el delito no se tipificó si no se concretó el daño”, dijo Dagoberto Sibaja, director general del Registro Nacional.

Si bien en los últimos tres años el número de denuncias ante el OIJ por estos delitos ha tendido a disminuir, esto no quiere decir que la actividad notarial anómala también, pues las denuncias de tipo administrativo que llegan y se logran solucionar a través del Registro Nacional superan a las denuncias de tipo penal.
El Registro Nacional no cuenta con la estadística de los casos por año que atiende por estas incidencias.
Por su parte, el Ministerio Público apela a que la resolución de las denuncias sería más ágil de contar con más recursos.
“Tenemos nada más tres fiscales, cada uno con alrededor de 100 casos en delitos que comprometen la fe pública, por lo que yo me atrevo también a decir que son más casos de los que uno se puede imaginar”, reconoció Celso Gamboa, fiscal coordinador de la Fiscalía de Fraudes.
Tanto el Registro Nacional como la Dirección Nacional de Notariado coinciden en que las medidas de prevención y las sanciones penales por estos delitos son difíciles de concretar debido a la carencia de recursos en ambas dependencias y por las leyes obsoletas que limitan el accionar de las dos instancias.
“El Registro Nacional y la Dirección Nacional de Notariado hacen una excelente labor, sin embargo al país le urgen mayores recursos y leyes más severas para que ambas instituciones tengan un campo de acción más amplio en la prevención de estos delitos y de sus sanciones”, argumentó Juan Ignacio González, director de expansión y desarrollo comercial para Centroamérica de Diursa.
Las autoridades nacionales han identificado que los notarios que realizan este tipo de inscripciones fraudulentas persiguen en la mayoría de los casos propiedades de personas fallecidas y de extranjeros.
Sin embargo, la usurpación y falsificación de firmas también forman parte del modo de operación de estas bandas.
“Estos delitos se llevan a cabo de muchas formas, a pesar de que ya hemos suspendido a más de 250 notarios percibimos que estamos perdiendo el control por falta de recursos, esto yo lo catalogo como una emergencia nacional”, advirtió Alicia Bogarín, directora nacional de notariado.
Mientras las instituciones vinculadas a la problemática aspiran a una reforma integral que regule la actividad del notariado, a las víctimas de estos casos como el estadounidense Sprague, nos les queda más que llenarse de paciencia.
Durante el proceso de recuperación de las propiedades, estas quedan inmovilizadas en el Registro Nacional, lo que se traduce en la imposibilidad de efectuar algún trámite como inscripciones, venta o alquiler del bien.