Decisión de junta directiva fue desafortunada y violenta ley de responsabilidad fiscal
Rodrigo Chaves advierte que alza salarial en la Caja “abre portillo” para incremento en todo el sector público
Hasta que no mejoren las finanzas del país, aumento quedaría congelado
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 29 septiembre, 2022
Si el gobierno permite un alza salarial para los 64 mil empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), “se abre un portillo” para un incremento general para todos los empleados del Estado, reconoció el presidente Rodrigo Chaves en una entrevista con LA REPÚBLICA.
Y es que la difícil situación económica del gobierno central y la ley de responsabilidad fiscal, que restringe los aumentos salariales y de pluses, cuando el peso de la deuda supera el 60% del PIB, hacen ilegal el incremento aprobado para los trabajadores de la institución.
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En ese sentido, este medio le preguntó al mandatario lo siguiente: Si el aumento se ratifica para la Caja, ¿se abre un portillo peligroso para que en otras instituciones como Japdeva, el ICE e incluso en el gobierno central, se reclame un aumento salarial?
“Usted no me hace una pregunta, usted me hace un comentario, con el cual, yo estoy de acuerdo. Primero, la Magdalena no está para tafetanas como un tema general, segundo, la Caja no tiene los recursos, tercero, la ley de responsabilidad fiscal dice que no se pueden hacer aumentos de sueldo; además, la Sala IV dijo que los gastos en medicinas, guantes, máscaras del servicio de salud y el pago de pensiones, están exentos de la regla fiscal. En ningún lado se dice que los salarios se pueden subir”, dijo Chaves.
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El mandatario no dudó en considerar la decisión de la junta directiva de la institución como “desafortunada” y por ello, Álvaro Ramos fue despedido como presidente de la institución.
“Fue una decisión muy desafortunada de quienes votaron a favor de ese aumento, yo creo que les informaron mal, pero la responsabilidad es del presidente ejecutivo que votó a favor de ese incremento sin consultarme y sin tomar en cuenta lo que usted dice, qué clase de antecedente se crea si se permite un incremento de esa naturaliza, a la vez que se le quita legitimidad a la ley 9635, entonces, él tenía que irse”, agregó Chaves.
Se trata de un alza salarial de apenas ¢8.500 al mes, pero al considerar a los 64 mil trabajadores de la institución, implica un gasto mensual de ¢10 mil millones más en salarios.
Los trabajadores de la Caja tienen sus remuneraciones congeladas desde el 2020, al igual que el resto de trabajadores del sector público.
El polémico incremento no se ha aplicado todavía y la misión de Marta Esquivel, nueva presidenta ejecutiva de la institución, es frenar el aumento hasta que se garantice que no violenta la ley de responsabilidad fiscal
“Tenemos claro que no solo los trabajadores de la Caja, sino todos los trabajadores del sector público están en una situación particularmente compleja. Sin embargo, hay una ley de cumplimiento obligatorio. De hecho, hay sanciones para quien rompa la regla fiscal y eso es competencia de la Contraloría (…) Hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda, donde nos señala que la Caja no es un Estado dentro de otro Estado y que debe respetar la regla fiscal en materia salarial”, dijo Esquivel.
La otra semana, la junta directiva de la institución volverá a analizar la situación.
En ese sentido, no se descarta que el gobierno acuda a la Contraloría para detener el aumento.
La decisión del gobierno de Chaves ha sido cuestionada por los gremios de trabajadores del sector público y los diputados del Frente Amplio.
“El ajuste salarial general, en el orden de ¢8.500 mensuales, está muy por debajo del exorbitante aumento que el presidente recetó, con cuchara muy grande a sus ministros y viceministros. Un jugoso aumento del 100% que en nada puede compararse al ajuste acordado para los trabajadores de la Caja, quienes, al igual que los funcionarios del sector público y pueblo costarricense, han sufrido las graves consecuencias del impacto del combo fiscal y políticas neoliberales”, dijo Luis Chavarría, secretario de Undeca.
En ese sentido, el presidente Chaves defendió el alza otorgada a los ministros porque hace 16 años que no se otorga un ajuste a los integrantes del gabinete, además de que tienen grandes responsabilidades y se exponen a demandas penales y civiles.
“Si ellos me enseñan un solo funcionario de la Caja que haya tenido el salario congelado por costo de vida en los últimos 16 años, yo voy a tener que tragarme mis palabras”, finalizó Chaves.
Reglas claras
La ley de responsabilidad fiscal establece claramente el congelamiento de pluses y salarios para empleados públicos cuando la deuda supera el 60% del PIB.
a) No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida
b) El Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital
c) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario.