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Martes, 5 de noviembre de 2024



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Rodrigo Chaves rendirá cuentas ante comisión especial de la CCSS

Legisladores investigan supuesto sobreprecio en contratos firmados por la institución con cooperativas

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 05 noviembre, 2024 01:31 p. m.


Rodrigo Chaves. Cortesía/La República.
Rodrigo Chaves. Cortesía/La República.


Debido a que ya ha sido mencionado en varias ocasiones como una persona con injerencia en la toma de decisiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los diputados aprobaron este martes una moción para que el presidente Rodrigo Chaves rinda cuentas ante la comisión investigadora.

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Asimismo, los congresistas pretenden darle la oportunidad al mandatario para de que dé su punto de vista sobre este tema, dijo Rocío Alfaro del Frente Amplio.

Determinar si existió corrupción en los contratos que firmó la CCSS con un puñado de cooperativas es el objetivo de la comisión especial investigadora del Congreso.

De entrada, los legisladores convocaron a 70 personas para que se refieran al caso Barrenador, tal y como lo han llamado los investigadores del OIJ.

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El listado de nombres incluye a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel (suspendida del cargo); al fiscal general, Carlo Díaz, y a la contralora general de la República, Marta Acosta.

En ese sentido, diputados de la Unidad y el PLN hicieron un llamado a realizar una investigación profunda y seria.

Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS.

“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y, a su vez, realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.

La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.


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