Salarios consumen hasta el 42% de los ingresos en una de las instituciones del sector vivienda

Las remuneraciones que se pagan a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, consumirán un 42% del presupuesto de este año, a la vez, que otras dos instituciones con sus respectivas planillas, también gestionan ayudas sociales para la construcción de casas para las familias de escasos recursos.

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Para el año en curso, se presupuestaron ¢2.443 millones para el pago de salarios en ese ministerio, mientras que el presupuesto anual asciende a poco más de ¢5.700 millones.

Por otra parte, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), invirtieron el año pasado ¢3.696 millones y ¢3.508 millones respectivamente, para el pago de sus trabajadores, según los informes de ejecución presupuestaria de la Contraloría.

Asimismo, esas dos instituciones suman casi ¢35 mil millones en ingresos que no se invirtieron el año pasado.

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Los datos cobran relevancia en momentos en que el presidente Rodrigo Chaves anuncia un proyecto de ley para fusionar al Ministerio de Vivienda, el Banhvi y el INVU.

El objetivo sería hacer más eficiente la labor del Estado en la construcción de casas de bien social, a la vez, que se podría ahorrar en salarios, porque esas tres instituciones invierten casi ¢10 mil millones en salarios al año.

“El lunes o martes mandaremos una ley al Congreso para fusionar esas tres instituciones, con el objetivo de que sea analizada por la comisión de Reformas del Estado. Ya habíamos presentado una reforma para lograr la reestructuración del MOPT y el Minae, así como el cierre de varios órganos desconcentrados (…) En cuanto al personal, si hay redundancias trataríamos de hacer movimientos horizontales entre las instituciones del Estado para proteger el empleo, pero también es cierto que lo importante es bajar costos y aumentar la eficiencia”, dijo Chaves.

La eventual fusión de esas tres instituciones es vista con buenos ojos por diputados de varios partidos como el Liberal Progresista, Liberación Nacional y la Unidad.

Esto, porque durante años se ha señalado la importancia de hacer una reestructuración en esta área y no se ha concretado.

“Nuestro objetivo es lograr el rediseño de la arquitectura institucional, de manera que el gobierno deje de ser un obstáculo para toda la actividad productiva del país y no afecte la creación de empleo y oportunidades (…) Estaríamos discutiendo una reforma en el sector social para acabar con la dispersión en el área, en donde hoy día tenemos más de 20 instituciones. Por otra parte, se plantea una reforma en el sector vivienda en donde tenemos tres instituciones, lo cual, dificulta la política pública en ese campo, por lo que se plantea una fusión”, dijo Eli Feinzaig, presidente de la Comisión de Reformas del Estado.

Cerrar los órganos adscritos al MOPT, reordenar el Minae, valorar el cierre del CNP y revisar el papel de las superintendencias, también serían otros temas a analizar en esta área.

“Hay instituciones que tienen exceso de trabajadores y otras que les falta personal, por lo que podríamos hablar de traslados”, dijo Pilar Cisneros, jefa de Progreso Social Democrático.

En la planilla del Estado hay más de 330 mil personas, mientras que se contabilizan unas 300 instituciones.