Sector petrolero teme más caos tras desarme rebelde en Colombia

Si bien el reciente acuerdo de Colombia para poner fin a 52 años de guerra interna con el mayor grupo insurgente del país se ha celebrado en el mundo entero como una rara victoria de la paz, la industria petrolera del país teme que el pacto pueda aumentar los conflictos, no reducirlos.

Partes del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aumentarán el riesgo de corrupción, interferencia política y retrasos de proyectos petroleros, según Campetrol, la cámara colombiana de productos y servicios petroleros. Mientras tanto, los ataques a la infraestructura petrolera se han intensificado este año, esta vez por parte del segundo mayor grupo rebelde del país andino, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Nuevos comités medioambientales, una extensión del proceso de “consulta previa” a más comunidades y una mayor protección institucional a las protestas podrían hacer aún más difícil la operación de las compañías si los colombianos ratifican el acuerdo el 2 de octubre, dijo Rubén Lizarralde, presidente ejecutivo de Campetrol,.
“Esta serie de elementos políticos y sociales en el acuerdo de paz puede aprovecharse con facilidad”, dijo Lizarralde en una entrevista en Bogotá. “Las compañías de servicios petroleros ya están sujetas a la extorsión de las asociaciones locales. Con este acuerdo, eso se va a exacerbar”.
Un informe de abril de la Corporación Comité Minero Energético, una organización integrada por compañías mineras y de energía y representantes estatales, también destacó los desafíos que emanan de una “proliferación de nuevas entidades y comités”.
Las operadoras, entre ellas Ecopetrol, controlada por el Estado, Gran Tierra Energy y Amerisur Resources, han experimentado bloqueos locales este año en tanto comunidades objetan los proyectos petroleros o los usan como herramienta para arrancar concesiones al Gobierno.
Una reciente protesta de productores de coca que enfrentan la erradicación del cultivo en la provincia de Putumayo, en el sur del país, se prolongó más de un mes, durante el cual se restringió la actividad petrolera al volarse puentes y bloquearse carreteras. Las protestas “pusieron en peligro” la producción de Ecopetrol de 40 mil barriles por día en la zona, dijo la compañía.
En parte como resultado de las protestas, el promedio de producción petrolera de Colombia declinará este año a unos 800 mil barriles por día (bpd), dijo Lizarralde, menos que la anterior estimación de Campetrol de 885 mil barriles.
Los ataques a la infraestructura petrolera también contribuyeron a la declinación. El oleoducto Caño Limón reanudó las operaciones el 17 de agosto luego de que la producción se interrumpiera durante más de un mes tras un ataque rebelde atribuido al ELN. La interrupción de la operación del oleoducto llevó a Occidental Petroleum a detener la producción en tres yacimientos que tienen una producción conjunta de 56 mil barriles por día, según el sindicato de trabajadores petroleros USO.
Si bien las nuevas medidas del acuerdo de paz con las FARC suponen mayor burocracia para las compañías, también son necesarias, según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por la sigla en inglés.
“Históricamente, la balanza se inclinaba demasiado hacia los grandes proyectos extractivos”, dijo por teléfono Adam Isacson, un especialista en Colombia de la WOLA. “Esto devuelve la aguja hacia una posición que trata de equilibrar todos los intereses del país”.