Seguimiento a evasores de impuestos gana terreno tras histórica sentencia

Un clamor común para mejorar la recaudación fiscal es el ataque a la evasión, el cual crece tras una histórica sentencia contra los representantes de una empresa evasora.

Este martes trascendió la primera condena por defraudación a la hacienda pública, la cual se resolvió con una pena de diez años de cárcel contra seis personas.

Para algunos analistas este es un paso importante para poner orden contra los defraudadores, pero consideran necesario mejorar el sistema para hacer habitual este tipo de condenas.

“Es un excelente precedente y mensaje para seguridad jurídica y disminuir la evasión fiscal. De ahora en adelante los evasores deben pensarla dos veces”, consideró Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

La condena es reflejo de que la Administración Tributaria ha evolucionado más allá de revisar las declaraciones y la contabilidad de empresas, teniendo ahora información como Registro de Accionistas, acceso a cuentas bancarias, entre otras facultades que no se tenían, destacó Silvia González, socia de Impuestos y Legal de Grant Thornton.

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No obstante, para consolidar la lucha contra la evasión mediante los tribunales, es necesario hacer más eficiente el trámite, partiendo de que la primera condena tardó 16 años en procesarse, considera Rafael Luna, socio de Impuestos Consortium Legal.

“Mientras el Gobierno siga dilapidando los impuestos que tanto cuesta pagar de la forma en la que lo ha hecho hasta ahora, podremos seguir celebrando una condena cada 16 años, pero todo seguirá igual”, sentencia Luna.

El valor de la primera sentencia, sin embargo, es un llamado de atención contra los evasores.

Y es que este es uno de los principales problemas que enfrenta el país y que golpea las finanzas. La Contraloría reveló que en 2019 se presentó una reducción del 23% en el monto recuperado por actuaciones de control o por la pendiente aprobación del proyecto Hacienda Digital.

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Este plan procura crear una plataforma integrada, en lugar de 59 sistemas actuales que muestran problemas de trazabilidad y manejo de bases de datos.

Asimismo, a la fecha existen 21 casos pendientes de resolución por parte del Poder Judicial, por un monto estimado de más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar.