Seguridad tendrá que lidiar con hueco fiscal en 2017

Además de enfrentarse con los antisociales comunes y el crimen organizado, el Ministerio de Seguridad Pública deberá lidiar con un hueco fiscal de unos ¢40 mil millones durante 2017.

El hecho de que los diputados no aprobarán el nuevo impuesto para las sociedades anónimas antes de terminar el año, pondrá en aprietos a la policía.

Esto, porque el texto que trabajan los legisladores aún, señala claramente que el gravamen entrará en vigencia el 1° de enero siguiente a su votación en primer debate.

Por otra parte, a mediados de diciembre la Sala IV declaró ilegal el traslado de unos ¢50 mil millones del presupuesto del PANI a la seguridad ciudadana.

“Gracias a las fracciones parlamentarias que se han opuesto al proyecto de ley de las sociedades anónimas, como el PUSC y el Movimiento Libertario, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, el OIJ y el Ministerio Público tendrán menos recursos en 2017, generando un perjuicio en la lucha contra el hampa y el crimen organizado”, dijo Rolando González, diputado de Liberación Nacional.

Está previsto que este jueves el Congreso inicie su receso legislativo, por lo que no hay posibilidades reales para que el proyecto se apruebe en dos debates, supere la consulta ante la Sala IV y sea sancionado por el Presidente de la República.

La única solución que tendría el Gobierno para aliviar la presión por falta de recursos, sería tratar de cobrar los tributos a unas 360 mil sociedades anónimas que se atrasaron entre 2012 y 2015, cuando la Sala IV declaró ilegal el gravamen.

Sin embargo, es poco probable que pueda recuperar parte del dinero adeudado, ya que el 80% de estas sociedades son personas jurídicas que no generan ingresos y que en principio, se trata de uniones familiares para inscribir algún bien como un carro o una propiedad.

De esta forma, no les afectaría si el Registro de la Propiedad les elimina la personería jurídica, dijo Gerardo Vargas, diputado del PUSC.

El impuesto para las sociedades anónimas que exige el presidente Luis Guillermo Solís, para financiar la lucha contra el hampa, se pagaría de forma escalonada, dependiendo de la actividad de la persona jurídica.

Por ejemplo: las sociedades anónimas inactivas y que no tengan ingresos, tendrían que desembolsar unos ¢64 mil al año para mantenerse vigentes.

Aquellas que se encuentran activas se dividirían en tres clases: ¢106 mil para las que tengan ingresos menores a ¢51 millones, ¢127 mil para las que sumen utilidades entre ¢51 millones y ¢119 millones, y ¢212 mil para las que perciban ingresos superiores a los ¢119 millones.

Las categorías propuestas en el proyecto que hoy es motivo de polémica en el Congreso, oscilan entre un 15% y un 50% del salario base.

Mientras tanto, el legislador Otto Guevara del Movimiento Libertario, aseveró que ya tiene lista una consulta ante la Sala Constitucional para traerse abajo el proyecto, ya que considera ilegal que se pretenda cobrar a las sociedades anónimas que no generan ingresos de ninguna forma.

Anteriormente, los magistrados habían declarado ilegal el tributo, debido a la forma anómala que utilizaron los legisladores del anterior gobierno, para validar el impuesto.