Sí se puede

Sí se puede

Bien haría la administración Chinchilla Miranda en mirar de reojo lo que ocurre en España. Seguro que lo sigue, cuando sugiero el vistazo me refiero en realidad a determinar el cómo de un “gran pacto social” según ha sido catalogado por El País.
El periódico escribía el 28 de enero pasado: “La reforma del sistema público constituye uno de los elementos que más demandaban a España los mercados y los organismos internacionales. La caja de las pensiones aún no ha entrado en números rojos, pero las proyecciones demográficas y de gasto sembraron las dudas sobre la fortaleza del sistema y aceleraron las reformas. Hoy, un año después de que el Gobierno lanzara la idea inicial de elevar a 67 años la edad legal de jubilación, se ha logrado lo que en aquel momento parecía imposible: que los sindicatos aceptasen esa referencia, aunque con paliativos.”
¿Se podrá en Costa Rica asumir reformas de tal calado? La respuesta debería ser ¿por qué no? No obstante, la respuesta sigue siendo cortoplacista y mezquina en el tanto nos condiciona solo el yo frente al nosotros.
En la medida que este Gobierno asuma el compromiso, dudo mucho que no se pueda emprender camino alguno. Lo que falta es el norte o, quizás, la que se ha equivocado es la brújula que lo marca.
Muchos elementos, poco el espacio. Empiezo por el obvio: Pensiones en Costa Rica es un tema crudo, sin desarrollo y que pasa por un harto desinterés gubernamental. Contribuimos todos. Nos quieren unos pocos (la campaña reciente del BAC solo lo confirma). Y la pregunta subsiste ¿qué hacen de esa plata?
Sigo con el necesario replanteamiento de la creciente brecha social. ¿Por qué el XVI Informe del Estado de la Nación denuncia a oídos sordos lo que nadie en el gobierno quiere escuchar? Sea que, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres aunque el fenómeno quiera atacarse vía impuestos.
El tema de la reforma fiscal podría ser un buen punto de partida. La propuesta del gobierno dista de ser El Grial, así muchos colegas le alaben ciegamente y, en virtud de sus defectos, deberíamos abocarnos seriamente a un proceso de reforma que conduzca a una contribución seria, responsable y permanente. Conseguir un estado social de derecho que sea sostenible en el tiempo.
Me temo que no será así y que el Gobierno ha hecho poco por contribuir a una discusión gris, batiéndose entre risas y choteadas (basta leer El Financiero) por el blanco o el negro, según mejor se acomode la necesidad.
Bien haría la administración Chinchilla Miranda en aprovechar las últimas semanas convulsas mediáticamente para reunir esas buenas intenciones de su oposición en Cuesta de Moras, en torno a un proyecto de mayúscula dimensión. Doña Laura puede, si quiere y a pesar de su deslingue con el Arismo de cara factura para el país, llevar adelante un “proyecto país” (me repugna la idea de un concepto inexistente: “proyecto país” aun así recurro a él, in absentia) que nos reúna, nos impulse y nos ilusione. Tres tareas, tres deberes de la Señora Presidenta y tres razones para seguir creyendo en este modelo constitucional que hemos escogido y por el que debemos velar.
¿Habrá alguien que escuche del otro lado de la línea?

Pedro Oller