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Jueves, 12 de septiembre de 2024



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(Video) Silencio será considerado como oro invisible en proyecto que regularía la contaminación sónica

Multas y suspensión de permisos sanitarios a locales y comercios que superen límites de ruido permitidos se incluyen en la propuesta

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 20 agosto, 2024 05:00 p. m.


Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio. Cortesía/La República.
Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio. Cortesía/La República.


Bajo la premisa de que el silencio es oro invisible, el despacho del diputado del Frente Amplio Antonio Ortega y representantes de la sociedad civil unieron esfuerzos para presentar un proyecto de ley que regularía la contaminación sónica y, más importante aún, promover paisajes sonoros positivos.

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Y es que está comprobado que los ambientes públicos silenciosos permiten una mayor concentración, a la vez que ayudan a proteger la salud mental y física, y, por supuesto, permiten un mejor descanso.

“Con este proyecto, hablamos de introducir y promover el concepto de paisajes sonoros positivos como una concepción vinculada al derecho a la ciudad, al bienestar, a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, señaló el diputado frenteamplista.

La iniciativa reafirma la rectoría del tema en el Ministerio de Salud y el deber de la Fuerza Pública de auxiliar a dicho Ministerio en las labores de fiscalización y control de la contaminación sonora.

“Apostarle a la paz sonora protegiendo entornos con sonidos positivos implica, por un lado, un ahorro sustancial de costos y gastos públicos en salud; por otro, el vivir libre de ruido impulsa la productividad a nivel educativo, empresarial y nacional. La paz en los oídos trae prosperidad a los bolsillos”, dijo Eduardo Sasso, ingeniero industrial especializado en transformación social empresarial y coordinador general de Costa Rica Sin Ruido.

Por otra parte, la propuesta establece multas económicas y hasta la suspensión de permisos sanitarios a locales y comercios que superen los límites de ruido permitidos.

En ese sentido, se establece una multa de ¢389 mil, equivalente a un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, para aquellas personas físicas que reincidan luego de ser apercibidas en una primera y única ocasión.

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Para las empresas, se fija la suspensión del permiso de salud por seis meses, que se elevaría a un año si reinciden luego de pagar la multa correspondiente para volver a operar.

Además, se introduce la participación de los gobiernos locales en la tarea de prevención, control, monitoreo y fiscalización territorial.

“En todo momento, el Ministerio de Salud tendrá que especificar la variable de contaminación sonora para entregar la autorización y permiso sanitario de funcionamiento a comercios y empresas”, detalló el legislador frenteamplista.


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