Sistema Eléctrico Nacional: El Fenómeno del Niño nos obliga a pensar en el largo plazo
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 25 abril, 2024
Anelena Sabater, Economista
Lizandro Brenes, Economista
A pesar de aun tener grandes retos para lograr la descarbonización de la economía, Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por un hito mundial: lograr el 99,9% de su generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en la actualidad, según la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) la generación de electricidad con derivados del petróleo e importaciones de energía ha experimentado un aumento muy significativo. En el 2022, representaba 0,1% de la atención de la demanda nacional, en el 2023 aumentó al 8,7%. A enero del presente año, esa cifra alcanzó un preocupante 20,54%.
Vulnerabilidades de la matriz eléctrica compromete competitividad del país.
Esta situación no solo inquieta desde el punto de vista de descarbonización, sino también por razones económicas. La generación térmica es considerablemente más costosa que la generación de energía renovable, y las importaciones de energía resultan en particular onerosas debido a la escasez de lluvias en toda la región. El 24 de febrero anterior, el promedio diario del precio ex ante del Mercado Eléctrico Regional (MER) ascendió a su cifra más alta en lo que va del año, llegando a 374,37 $/MWh (dólares por Megavatio hora) lo cual es un 231% más caro que en la misma fecha del año anterior.
En general, los costos por combustión fósil y de importaciones netas se incluyen dentro de las tarifas de electricidad, siguiendo la metodología para el reconocimiento del Costo Variable de Generación (CVG). De ese costo, aún no se han reconocido en las tarifas eléctricas vigentes, 43.000 millones de colones por concepto de liquidación del año anterior, y que se tendrán que pagar vía tarifas en el 2025. Aunado a ello, solamente en enero y febrero del presente año, se ha superado en 16.384 millones de colones el reconocimiento tarifario que estimó la ARESEP por CVG, es decir, una deuda del 57% de lo estimado por este ente regulador para todo el año, y que todos los usuarios deberán pagar también en el 2025. En suma, en solo dos meses se trata de una deuda de 59.450 millones de colones, 2.6 veces el costo en colones del CVG del 2020, 2021 y 2022 juntos.
Ya con el reconocimiento actual del CVG, las tarifas del ICE aumentaron en promedio anual un 9,8%.
¿Y cómo llegamos a este punto? La hidroelectricidad representa el 68,12% de la capacidad instalada en generación de electricidad, pero esta fuente ha sido afectada por la disminución en los caudales de agua debido a la sequía de este año provocada por el fenómeno de El Niño. Además, la demanda de electricidad ha experimentado un crecimiento interanual que ronda el 5%, cuando el ICE había estimado un crecimiento del 1,9%; de hecho, en enero del 2024 (último dato disponible a la fecha) ese crecimiento fue del 7,9%.
Es importante aclarar que, un crecimiento de la demanda de electricidad no puede verse como algo negativo. Por ello, el aumento en el CVG nos invita a pensar en una planificación para la atención de la demanda de electricidad que considere variabilidad climática y una diversificación de las fuentes renovables que se respalden entre sí.
Debemos recordar que los ingresos de las empresas distribuidoras de electricidad aumentan si las tarifas se tornan más caras, por aumentos en la demanda (volumen transado) o por una combinación de ambos efectos. El sector eléctrico es intensivo en el uso de activo físico y, por el modelo regulatorio vigente, el crecimiento de este sector está determinado por un aumento de la base tarifaria. Pero el cobro “de golpe” a los consumidores de montos excesivos no es correcto y mucho menos deseable.
Por ello, si lo que se busca es el desarrollo del país y el incentivo a mayores niveles de producción, subir tarifas de manera desproporcionada no es una alternativa, ya sea por CVG o por la estructura ordinaria de costos; una planificación más integral, para el largo plazo que permita la diversificación de fuentes renovables para la atención de la demanda de electricidad, sí lo es.