No poner en cintura a la burocracia estatal es un robo descarado

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Solís y el Estado

En Costa Rica existen verdaderos tabúes que empantanan el debate político. Uno de ellos es el del tamaño del Estado.
Mientras políticos como J. M. Villalta tratan de convencernos de que los graves problemas en materia social y económica que enfrenta el país son culpa de una “larga noche del neoliberalismo”, otros vemos el origen de dichos males en el tamaño mismo del Estado, en torno al cual los políticos de turno han hecho eclosionar una ominosa clientela que pesa sobre el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, participen o no de las gollerías y los privilegios que se han asegurado “legalmente” los grupos de presión del sector público.
Para los demagogos, llamar la atención sobre este hecho es parte de una conspiración “neoliberal” por desmantelar el Estado, palabreja mágica que tiene la virtud autoritaria de descalificar al oponente antes siquiera de poder argumentar. Un partido como el Frente Amplio perdería gran parte de su caudal si la gente no mordiese el anzuelo que presenta la corrupción como producto exclusivo de un puñado de codiciosos que nos habría gobernado en las últimas décadas. “Los mismos de siempre”, martillaba el candidato frenteamplista cada vez que aparecía.
Desgraciadamente, el presidente Solís ha decidido montarse en este carro de la demagogia y la irresponsabilidad con un presupuesto cinco veces mayor al de la inflación prevista. En las universidades una mayoría le aplaude embelesada, dispuesta a justificar cualquier ocurrencia presidencial. Basta con afirmar que con el gasto previsto se recuperará la senda de la “justicia social” y la “solidaridad” perdidas, para que muchos trepiden de celo justiciero y pongan su cerebro a hibernar.
La “‘justicia social” que nos quieren vender significa, en la práctica, una transferencia de recursos de los más necesitados hacia los sectores de mayores ingresos. El Presidente quiere hacernos creer que los problemas del Estado son exclusiva responsabilidad de aquellos que lo han manejado. De esta manera, bastaría con cambiar de conducción para que todo vuelva a su justo cauce.
Es el discurso moralista del PAC, sin el que esta agrupación tendría muy poco apelo electoral. Los que no nos tragamos esa mentira, sabemos que el problema del Estado en general —y del costarricense en particular— es que a mayor coacción estatal, a mayor oportunidad para que los funcionarios pequen, mayor será siempre la corrupción, por no mencionar los obstáculos a la producción y a la competitividad que un Estado dispendioso y omnímodo trae consigo.
En cuanto al Estado costarricense en particular, la realidad ha sido que desde la Segunda República los grupos políticos dominantes, en particular los cercanos a Liberación Nacional, se han encargado de repartirse el poder político y económico, llenándonos de instituciones autónomas y de gobierno innecesarias, haciendo del Estado un gran botín y clientela.
Los que creímos ver en Luis Guillermo Solís a alguien que podría dar un golpe de timón en la conducción del país, nos equivocamos. Si por la víspera se saca el día, en los próximos cuatro años no se dará ni el crecimiento económico que demanda una población creciente, ni bajarán la electricidad y los combustibles, ni tampoco se reducirá la pobreza como no se reduce desde hace más de 20 años a pesar de los más de 20 programas estatales de combate a la miseria. Sobre el horizonte se cierne la amenaza de mayor endeudamiento e inflación, más pobreza e inseguridad, pérdida de empleos y competitividad, y un deterioro generalizado en la calidad de vida de la mayor parte de los costarricenses. No poner en cintura a la burocracia estatal, engordándola con más recursos, es un robo descarado a todos los ciudadanos y una verdadera burla de los que dicen actuar en nombre del “bien común”.

Iván Villalobos Alpízar

Filósofo
villalpi@gmail.com