Solución a la crisis vial

Solución a la crisis vial

Enfrentamos sin dudas la peor crisis en infraestructura de los últimos 60 años.
En el pasado, al menos hasta principios de la década de 1980, el Estado construía puentes, carreteras, aeropuertos, muelles y oleoductos con su propia maquinaria, ingenieros y obreros.
Luego pasamos a un modelo de licitar ciertas obras, en especial los parches de asfalto sobre las carreteras, el “recarpeteo” tan popular y extendido como parte de casi todas las campañas presidenciales subsecuentes.
Finalmente, llegamos al punto actual, donde nos quedamos con un Ministerio de Transportes, pues la porción de Obras Públicas pasó a ser solo una función de oficina y en especial de abogados, sumergidos en folios y letra minúscula de contratos de concesión, que luego de más de 12 años han dado ínfimos frutos.
Dice el refrán que quien desconoce la historia perece en ella, y esta pareciera ser hoy la suerte de la infraestructura en Costa Rica.
Hemos llegado a la dolorosa situación, en la que ni siquiera es necesario señalar con nombres y apellidos los proyectos en colapso, pues son de harto conocimiento público, y cuyo responsable a final de cuentas es el Estado, pues hasta el momento no he conocido a una empresa privada hacerse responsable por el incumplimiento o la mala ejecución de las obras.
Entre la lista de los malos de la película se inculpa también a la lluvia, las fallas geológicas, los terremotos, la crisis mundial, y hasta los medios de comunicación.
¿Cuál será la solución en medio de esta crisis vial?
Me parece que hace falta pragmatismo. De todos los modelos señalados, el único que actualmente está dando frutos es la contratación de obras por licitación, en el cual el Estado saca a concurso una obra, sea puente, vía, paso a desnivel, bulevar, y la empresa privada ganadora la construye. Un buen ejemplo de ello es la Costanera Sur.
Así es como se han logrado construir las pocas obras aún servibles en las dos últimas décadas, exceptuando las donaciones de Taiwán. Además, considerando los más de mil millones de dólares disponibles en préstamos extranjeros para obras y la recién reformada figura de titularización, el problema no es el dinero.
Pongamos entonces a la empresa y el Estado a trabajar juntos lo antes posible por el bien del país.

Luis Alberto Muñoz