Desde hace décadas no hay interés en reestructurar el Estado para que opere eficientemente y brinde a la población los servicios que por ley le corresponden en forma oportuna

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¿Somos tan pobres como mal administrados?

La condición de las finanzas públicas del país y de la prestación de servicios, tan relacionadas, es algo a lo que sí o sí, deberá abocarse la próxima administración sin importar quién gane las elecciones el 6 de abril.
Las nuevas autoridades se verán obligadas a investigar, departamento por departamento, sección por sección, las razones del incumplimiento de funciones en algunos casos, y en otros los elevados costos que la ineficiencia y mala administración han producido.
Decimos departamento por departamento porque desenredar la madeja que ha vuelto inoperantes a muchas entidades no será tarea fácil. Ese enmarañado ovillo viene formándose desde hace décadas y reordenarlo exige un enorme y valiente esfuerzo.
Sin embargo, a medida que se haga y sobre todo que se vaya percibiendo por parte de la población, esta colaborará con la gigantesca tarea, ya sea por voluntad o porque no le quede otra salida.
Un ejemplo puede ilustrar lo que estamos hablando.
Si la Caja contrata a un (o una) gastroenterólogo para que trabaje en un hospital de provincia que no está suficientemente equipado puede ocurrir lo siguiente.
El paciente llega, el gastroenterólogo lo examina y define que se le debe hacer una gastroscopia. Pero dicho examen no puede hacerse en ese hospital porque no se cuenta con el gastroscopio. El especialista deberá entonces referir al paciente a uno de los hospitales del Valle Central, en donde sí hay de esos aparatos.
Es decir, se desperdició la capacidad del especialista. Este no logró con su trabajo descongestionar a otros hospitales más grandes, que se encuentran abarrotados y resultan insuficientes.
Más bien, el otro hospital adonde fue referido el asegurado, sigue aumentando su lista de espera para gastroscopias.
Estamos pues, ante políticas que llevaron o permitieron que se abandonara la puesta al día en infraestructura, equipamiento y especialistas, según el aumento de la población asegurada y mediante el correcto cobro de cuotas. Además, falta de controles para que todo eso funcionara eficientemente.
Respóndase usted mismo. ¿Tiene sentido esta forma de administrar?
¿Tenemos este mismo tipo de situaciones en el resto de las instituciones del Estado?
¿Cómo saberlo si desde hace décadas no hay interés en reestructurar el Estado para que opere eficientemente y así pueda brindar a la población los servicios que por ley le corresponden en forma oportuna?