Sueño de tener casa digna se cumplió para 15 familias de Isla Chira e Isla Venado gracias a Coopenae y BANHVI

Gracias a la implementación de la Ley 9779, 15 familias de Isla Chira e Isla Venado recibirán viviendas dignas a través de Coopenae.

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Esta ley, en vigor desde diciembre de 2019, permite al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) emitir bonos de vivienda a los habitantes de territorios insulares, brindando una oportunidad crucial para mejorar las condiciones de vida en estas islas.

El proyecto, que se incorporó a Coopenae en septiembre de 2022, ha sido un esfuerzo conjunto de expertos en vivienda social y técnicos ingenieros para superar los desafíos logísticos presentados por las propiedades en estos territorios insulares. Nazira Burgos, gerente de Relaciones Institucionales de Coopenae, destacó que este proyecto es un testimonio de la comunidad y la solidaridad, avanzando hacia la justicia social y equidad para estas familias.

Las 15 familias beneficiarias, compuestas por núcleos familiares encabezados por 10 mujeres y 5 hombres, están mayoritariamente dedicadas a la pesca.

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El proyecto de vivienda, con una inversión de ¢258 millones, beneficiará a 45 personas, de las cuales 20 son menores de edad.

Las viviendas se construirán con mampostería reforzada y se adaptarán a las necesidades de cada núcleo familiar.

Habrá dos tipos de viviendas: una de 42 m² para familias de hasta cuatro miembros y otra de 50 m² para familias de cinco o más miembros. Ambas incluirán áreas de sala-cocina-comedor, dormitorios, zona de pilas, servicio sanitario y corredor.

Para postularse al bono insular, los solicitantes deben cumplir con varios requisitos, incluyendo ser parte del censo del IMAS, ser mayores de edad, tener posesión del terreno durante al menos diez años y cumplir con los requisitos socioeconómicos establecidos.

Las viviendas no solo ofrecerán estructuras seguras y cómodas, sino que también se convertirán en hogares donde las familias podrán construir recuerdos y forjar sueños.

Este proyecto es una muestra del impacto positivo que la Ley 9779 y la colaboración entre instituciones pueden tener en las comunidades costarricenses más vulnerables, proporcionando no solo viviendas, sino también esperanza y estabilidad a sus habitantes.