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Traslado de 3 mil kilómetros de vías nacionales a municipios queda en suspenso

Mauricio Batalla, jerarca del MOPT, niega que se trate de una imposición

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Jueves 11 julio, 2024 01:40 p. m.


Mauricio Batalla
Mauricio Batalla, jerarca del MOPT, niega que se trate de una imposición. Archivo/LA REPÚBLICA


Cesar provisionalmente el decreto que transfiere algunos tramos de la red vial nacional a las municipalidades es la conclusión que tomó el Tribunal Contencioso Administrativo.

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La medida responde a una solicitud cautelar planteada por la Municipalidad de Santa Bárbara, alegando un abuso en la potestad reglamentaria del Estado y la falta de recursos para mantener las vías.

La resolución, firmada por el juez tramitador Johel Antonio Beausejour, indica que la suspensión del “Reglamento para definir Caminos Públicos, su clasificación y codificación” se da porque la otra parte (Municipalidad de San Bárbara) no fue escuchada.

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La notificación de este jueves otorga un plazo de tres días hábiles al Estado para que presente por escrito los descargos correspondientes. Se trata del traslado de 3 mil kilómetros que se consideran hoy día vías nacionales a los municipios.

Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes aseguró que se impulsará la reforma al Decreto para especificar cómo se procederá con el traslado de las rutas.

Las autoridades del Mopt y de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias sostuvieron una reunión para analizar las dudas que los municipios acordaron trabajar en tres puntos específicos: una reforma legal, el análisis individualizado de cada caso y una mesa técnica entre el MOPT, Hacienda y ANAI.

“Aquí no hay ninguna imposición de nadie, sino que debe privar el interés público y el diálogo para conservar el instrumento jurídico que nos permite agilizar la intervención de las rutas”, destacó Batalla.

La principal queja para los ayuntamientos es que el MOPT los está responsabilizando por el estado de esas vías, sin darles el contenido presupuestario para garantizar su idoneidad.

Si se materializa esta transferencia de vías, los gobiernos locales requerirían de al menos ¢70 mil millones anuales para darles mantenimiento a estos 3.071 kilómetros adicionales.


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