Todos los Estados deben garantizar el acceso al aborto fuera del ámbito penal: Movimiento Causa Justa, Colombia

Despenalizar el aborto es necesario para evitar riesgos en la salud de quienes acceden a él en la clandestinidad, por lo que los gobiernos deberían garantizar su acceso fuera del marco penal, de acuerdo con Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del Movimiento Causa Justa de Colombia.

Asimismo, mantener leyes que lo criminalizan promueve estigmas y prejuicios que obstaculizan los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

En entrevista con LA REPÚBLICA, Martínez habló sobre la lucha del Movimiento para despenalizar el aborto en el país sudamericano, así como los desafíos que enfrentan todos los países de la región y Costa Rica que solo permite el aborto impune en casos de peligro para la vida o salud de la madre.

De los países más poblados en Latinoamérica, Colombia es el tercero en despenalizar el aborto, antecedido por México y Argentina, ¿qué frena un mayor avance en la materia a nivel regional?

En la medida en que mujeres y niñas seguimos siendo discriminadas por órdenes jurídicos que fueron construidos únicamente con visiones machistas, vamos a seguir experimentando obstáculos o frenos en el goce pleno de nuestros derechos. 

Por tal motivo, se debe avanzar de manera decidida en políticas públicas que garanticen la representación de las mujeres en niveles de decisión en todas las ramas del Estado.

Uno de los argumentos clave para lograr la despenalización del aborto en Colombia, es que se debe tratar como un cuidado de salud que no debe regularse en el sistema penal, ¿a qué se refiere?

Nos referimos a que el aborto es un servicio esencial de salud que no puede ser postergado, pues eso puede acarrear graves consecuencias para la vida y la salud de las mujeres.

Todos los Estados deberían garantizar su acceso y deben hacerlo fuera del ámbito penal, pues el hecho de que el aborto siga siendo un delito crea mayores barreras y obstáculos para acceder al servicio.

Está demostrado que penalizar el aborto no evita que las mujeres busquen el servicio, si lo necesitan, lo van a buscar en la clandestinidad y muchas veces en la inseguridad.

La mejor forma de prevenir riesgos en salud y cargas extras al Estado en servicios médicos postaborto, es permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, pues ello permite condiciones seguras y reguladas desde el punto de vista sanitario. 

Generalmente una mujer o niña que vive en buenas condiciones económicas logra acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, pero las que viven en condiciones de pobreza se ven obligadas a mantener embarazos y a ser madres de manera forzada.

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¿Qué falta para fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer?

Por un lado, está la estructuración estatal de políticas públicas y por el otro, lo que desde el movimiento Causa Justa llamamos la despenalización social del aborto.

En primer lugar, es necesario que los Estados de América Latina y el Caribe escuchen a los órganos internacionales de derechos humanos, que de manera reiterada han recomendado avanzar en la liberalización legal de la interrupción voluntaria del embarazo.

Esto debe también estar acompañado de políticas integrales de salud sexual y reproductiva que contemplen no solo el acceso al aborto, sino también educación sexual integral y acceso a la información, métodos de planificación, y a salud materna de calidad y sin discriminación.

Finalmente, el cambio en las leyes debe estar acompañado de una apuesta social al cambio de la conversación y la pedagogía.

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¿Y por qué aún hay tantas barreras?

Justamente porque en la sociedad hay sesgos y estigmas en contra del aborto que han resultado no solo en leyes injustas con los cuerpos de las niñas y mujeres sino en actitudes discriminatorias y violentas. 

Estamos entonces ante un ciclo negativo que yo en este caso describiría en tres etapas: el primero es la discriminación histórica a la que hemos sido sometidas niñas y mujeres; luego, durante la etapa de consolidación de las normas de los Estados en el siglo pasado, no pudimos participar de la creación de las políticas públicas de salud; y ahora que encontramos evidencia que señala claramente por qué la interrupción voluntaria del embarazo debe ser un derecho de las personas que están en las instancias de decisión, los gobiernos temen avanzar en esa vía por estigmas y prejuicios sociales que todavía persisten.

Necesitamos representatividad porque, por razones obvias, los hombres nunca terminarán de entender la discriminación a la que nos enfrentamos.

Hay que vivir la discriminación en carne propia para saber lo que significa ser relegada de tal o cual espacio social solo por ser mujer.