Trabajadores de la CCSS pidieron hoy la salida de Marta Esquivel
Funcionaria fue detenida el lunes por supuesto caso de corrupción
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 26 septiembre, 2024 04:41 p. m.
Al considerar que la funcionaria le hace daño a la institución, trabajadores y sindicalistas asociados a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pidieron hoy la salida de Marta Esquivel como presidenta de la organización.
Los manifestantes insistieron en el pago de la deuda del Estado con la Caja que ya supera los ¢4 billones y la atención de las listas de espera; además de las recientes investigaciones del OIJ y la fiscalía por el caso Barrenador.
“No es justo para los costarricenses tener una funcionaria ya indagada por el caso Barrenador y que tiene 10 denuncias penales y denuncias en sede administrativa por hostigamiento laboral. El premio no puede ser mandarla con la casa con goce salarial”, dijo Deivis Ovares, representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Esquivel, presidenta de la CCSS, este lunes.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.