Tres normas urgen para evitar la lista gris del Gafi

Tres normas, dos obligatorias y una complementaria, deberán aprobarse antes de octubre por parte de las autoridades costarricenses para no caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) por lavado y medidas contra terrorismo.

Se trata de los reglamentos a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y a la Ley 9449, que establece medidas para la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.  

La otra que no es exigida por el Gafi, pero el Gobierno la catalogó como complementaria es la Ley de Extinción de Dominio.

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La primera norma se aprobó en diciembre y pretendía establecer el registro de beneficiarios finales de entidades jurídicas y duró dos años en discusión en la Asamblea. Ahora requiere mayor capacitación del Estado su implementación.

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La segunda regulará las actividades no financieras vulnerables al dinero sucio como los bienes raíces, los casinos, casas de apuestas, así como otros intercambios comerciales, para eso las personas que desarrollen estos negocios deberán registrarse ante el Ministerio de Hacienda, que tendría una oficina de supervisión.

Y por último, falta aprobar la Ley de Extinción de Dominio, que está siendo discutida por la Asamblea y es analizada por los abogados tributarios.

“El proyecto de ley tiene roces constitucionales y va en contra de la jurisprudencia. Es nefasto porque revierte la carga de la prueba; viola el principio de inocencia; el derecho a la propiedad privada y la presunción de buena fe”, aseguró Randall Madriz, abogado tributario de Pacheco Coto.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que la única intención del proyecto es quitarles todo el poder económico: dinero y propiedades a las personas que forman parte del crimen organizado y que se ven vinculadas con un delito, o a sus familiares en caso de que no puedan justificar de dónde obtuvieron los recursos.

“Es algo así como quitarles a los delincuentes y retribuírselo a la sociedad con programas sociales y si los partidos políticos o abogados tributarios tienen dudas sobre la nueva legislación podrían consultarla ante la Sala Constitucional”, aseguró Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Los detractores de esta iniciativa afirman que la lucha contra el narcotráfico debe ser sin cuartel, pero siempre respetando el orden constitucional y el respeto a los valores construidos.

“Hemos escuchado críticas que hablan de que se inmovilizan los bienes y que no existe ni siguiera una medida cautelar; lo cual debe ser analizado con cuidado, pero en términos generales nos parece que la ley es conveniente y una herramienta fuerte contra la lucha del narcotráfico y el lavado de dinero”, destacó Andrés López, socio de BLP.

Costa Rica estuvo a punto de caer en la lista gris el año pasado, sin embargo, se sometió a una nueva evaluación en junio de este año y los evaluadores del Gafi decidieron posponer su decisión hasta octubre de este año, cuando se revisarán nuevamente la disposiciones del país.

“Esperamos cumplir y no incluirnos en la lista, porque desde 2012, el país inició un proceso exhaustivo de cumplimiento desarrollando un diagnóstico nacional de riesgos y una estrategia nacional”, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.

¿Qué significa la lista gris?

El GAFI es un ente intergubernamental creado en 1989 por los miembros del G8 y su mandato es promover medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

1) Los efectos para el país serían muy graves, específicamente, para el sistema financiero y el comercio exterior y esto afectaría las fuentes de financiamiento externo

2) Costa Rica se sumaría a una lista de riesgo en la que están Afganistán, Bosnia, Corea del Norte, Irán, Irak, Laos, Papúa Nueva Guinea, Birmania, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen

3) Una mala calificación puede afectar el sistema de pagos por el cierre de las cuentas en la banca corresponsal y el aumento del riesgo desencadenaría un alza en las tasas de interés