Unos crearon el problema, otros lo alimentaron, muchos han vivido con él. Es hora de una resolución clara, justa e inmediata

Sinceramente

¡Una solución definitiva!

Las crisis fiscales son recurrentes en nuestro país. En cada periodo presidencial los impuestos no alcanzan para los gastos que la administración desea hacer. Cada seis años es fundamental hacer una reforma tributaria.
Cada administración hace esfuerzos por persuadir a los diputados de que es indispensable imponer nuevas cargas para que el estado no interrumpa su acción benéfica en el país. Cada gobierno se resiste, por compleja, a dar una solución definitiva al problema fiscal recurriendo a paquetazos. En el origen del problema deberíamos los costarricenses resolver las causas últimas de estas crisis recurrentes.
Cuatro grandes problemas están diagnosticados. La defraudación fiscal es el primero.
Con una economía interna informal que alcanza ya al 49% de la actividad en Costa Rica, las personas, empresas grandes y pequeñas, profesionales liberales, emprendedores y comerciantes, han dejado de llevar contabilidades, no se registran frente a la Tributación Directa, no registran sus nombres como patronos ante la CCSS y sus trabajadores están sin seguros o asegurados voluntariamente por ellos mismos, no sacan patente municipal y son verdaderamente imposibles de rastrear en su actividad, su volumen y sus potenciales utilidades.
Las autoridades de Hacienda carecen de un programa efectivo de formalización. La informalidad es el foco de defraudación fiscal más importante.
Las instituciones que ya no tienen justificación de seguir prestando sus servicios y cuyas actividades están más que duplicadas son el segundo. Ya no hacen mayor cosa, su existencia no se justifica. Podrían fusionarse con otras y suprimir miles de millones en gastos abiertos y escondidos. El cierre de estas instituciones podría cubrir una sustancial parte del déficit si se cerraran.
¡“Cerrar” es una mala palabra en el país, sobre todo cuando se trata de instituciones del sector público! “Cerrar” debería transformarse en una virtuosa palabra que signifique la esperanza de la supresión de duplicidades, de desperdicio, de eliminatoria de instituciones que no contribuyen en nada.
Pensiones de privilegio con cargo a Hacienda es el tercero. Esta es una inmoralidad que debe suprimirse. No es posible que con cargo al presupuesto nacional se hagan ricos mes a mes un crecido grupo de pensionados que fueron profesores universitarios, altos burócratas, jueces y funcionarios judiciales. Este ajuste debe de hacerse de manera inmediata. Junto a pluses, anualidades, e incentivos generan un foco de disparidad y ahondan la brecha social.
Límite constitucional al endeudamiento y clarificación de qué son ingresos sanos para ser usados en el pago de gastos es el cuarto. La deuda llega a niveles sin precedentes. Pronto ya no podrá pagarla el país. No es posible que la irresponsabilidad de los gobernantes en crecer gastos se vea facilitada por el pago de gastos y transferencias corrientes con deuda.
Estas reformas estructurales deben emprenderse de inmediato. Todos los partidos políticos deberían acordar la resolución de las mismas. Unos crearon el problema, otros lo alimentaron, muchos han vivido con él. Es hora de una resolución clara, justa e inmediata. La solución definitiva nos llevará al desarrollo nacional.

Emilio R. Bruce

Profesor
ebruce@larepublica.net

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