Urge equidad en acceso a Internet

Miguel Angel Rodríguez marodrige@gmail.com | Lunes 10 agosto, 2020

El peor de los efectos negativos que a mediano y largo plazo nos puede dejar COVID-19 es menor educación para nuestros niños y jóvenes.

Los costarricenses sabemos bien la importancia de la educación pública pues a ella debemos buena parte de nuestro progreso social y económico. Así ha sido desde que el primer Jefe de Estado fuera don Juan Mora Fernández, un maestro.

La educación es formación para una civilizada convivencia social, y es la fuente de habilidades literarias, matemáticas, científicas y blandas que abren oportunidades de superación a los estudiantes, y permiten un acelerado progreso.

Por eso debemos celebrar que al abrir a la competencia las telecomunicaciones se tomara la decisión de destinar al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) los recursos provenientes de las licitaciones de bandas y de un pago específico de los operadores. Este fondo, administrado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), se destinó a brindar posibilidades de acceso a Internet a personas que de otra manera no lo tendrían, por vivir en comunidades que por su lejanía no serían servidas por los operadores comerciales o por sus limitados ingresos, y a instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos.

Parte fundamental de esta solidaridad en compartir los recursos de la tecnología de infocomunicación debió ir enfocada -desde un inicio- a facilitar acceso a banda ancha a instituciones educativas y estudiantes con esas limitaciones.

Con apego a las metas del Plan Nacional de las Telecomunicaciones que establece el MICIT, FONATEL ha ido iniciando la concreción de sus objetivos

El primer programa empezó a ejecutarse en 2014, con los recursos obtenidos desde 2011 por las concesiones de telefonía celular. Este programa lleva infraestructura para telecomunicaciones a zonas rurales, costeras y limítrofes, que están alejadas y no son rentables para los operadores. Se ha llevado o ampliado conectividad en 127 distritos, incluyendo el Territorio Indígena de Matambú (faltan otros 14 Territorios) y se han conectado 1139 centros con acceso a Internet de los cuales, 1.063 son educativos. Sin embargo, aún se está muy lejos de tener adecuadamente conectados a todos las escuelas y colegios públicos.

El siguiente programa inició en 2016. Hogares Conectados ha dotado a 137.000 hogares pobres de acceso a una computadora y conexión a Internet subvencionado. En estos hogares hay 224.000 menores que pueden tener acceso adecuado a educación digital.

En 2017 inició el tercero de los programas, Centros Públicos Equipados, que ha dotado de 36.831 dispositivos de acceso a Internet de banda ancha a centros que prestan servicios públicos incluyendo más de 26.000 a centros educativos.

El Programa 4, Espacios Públicos Conectados, inicia su ejecución en 2019 con el objetivo de que usuarios puedan acceder gratuitamente a internet en 513 zonas del país, de las cuales se han habilitado 359 que han permitido la conexión de 326.940 estudiantes.

El resultado es que a finales de 2019 FONATEL dispone de $348 millones. Ciertamente hay compromisos de ejecución para los siguientes años, pero no se puede dejar de concluir que el ritmo de ejecución ha sido lamentablemente lento, frente a las enormes disparidades de acceso a la tecnología digital de muchísimos hogares costarricenses.

Si se hubiese cumplido más aceleradamente con los objetivos de FONATEL, cientos de miles de estudiantes más habrían podido tener mucho mejor acceso a formación y adquisición de habilidades ante el cierre en marzo de este año de las clases presenciales, provocado por la pandemia. El impacto de la falta de conectividad afecta muy severamente a las familias más pobres. El 80% de los estudiantes que viven en los hogares de mayor ingreso tiene buena conexión a Internet, mientras que entre los más pobres disminuye a solo el 37%. Para los estudiantes más pobres, que están en el primer quintil de los hogares, el 48% solo puede acceder a Internet por el celular y un 10% no tiene ninguna conexión. Se estima que más de la mitad de los estudiantes de escuelas y colegios públicos no han podido recibir su aprendizaje no presencial mediante tecnologías digitales adecuadas. Solo un 43% lo ha podido hacer mediante la tecnología Microsoft Teams que ha puesto a su disposición el MEP.

Mientras la penetración de Internet móvil ha sido extraordinariamente alta en el país, la de Internet fija ha sido lenta, lo cual es una de las causas de la baja velocidad que experimentamos. En los países de OCDE la velocidad media es de 30 a 40 Megas, entre nosotros es de 8 a 10, y con una enorme asimetría por una aún más baja velocidad para subida de datos, lo que afecta el aprendizaje y el teletrabajo.

La inversión programada para este año es un 50% mayor a la realizada en los dos años anteriores, lo cual es posible que se dé, pues se trata en buena parte de programas ya en ejecución. Pero no me cabe duda de que ante las demandas de la equidad para generar oportunidades de superación a los estudiantes de familias pobres y de incrementar la productividad de la economía, se amerita una aceleración con objetivos muy concretos. No es concebible que no tengamos todos los centros educativos conectados con banda ancha y se debería privilegiar el dotar de acceso a Internet fijo a todos los hogares de familias pobres con estudiantes.

Los recursos existen y se proyecta para 2021 una ejecución mucho mayor en buena medida para el aumento de velocidad y extensión de la red educativa, lo que ya se debería haber cumplido.

El MEP programa que se cubran 2394 centros educativos con FONATEL y 2139 con la Fundación Omar Dengo. De estos colegios y escuelas 2289 ya están conectados, pero se requiere aumentar la velocidad. Además, se estima que un medio millón de estudiantes no tienen acceso adecuado a Internet para poder tener los beneficios de educación digital.

Pero ahora se sufre el embate de quienes quieren disponer de estos recursos. Hay siete proyectos en la Asamblea Legislativa que pretenden dejar sin ellos a FONATEL.

El remedio para la lenta ejecución por parte de FONATEL no debe consistir en eliminar los recursos destinados a la equidad y la eficiencia tecnológicas, ni en pasar la responsabilidad de su uso a otros entes.

La solución es una apropiada coordinación y dirección por parte del Presidente de la República de las tareas encomendadas a FONATEL que son de urgente cumplimiento. No se debería permitir que sigan imperando relaciones confusas, lentas y excesivamente burocráticas entre el MICIT, el MEP y SUTEL. No se resuelven los temas que deben atender esas instancias con extensas y dilatadas comunicaciones en las cuales cada entidad se auto justifica, sino con reuniones de trabajo que definan soluciones y determinen las responsabilidades y calendarios para la ejecución de los proyectos.

La equidad y la eficiencia demandan que se de uso urgente a los recursos de FONATEL.

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