El alto precio de la electricidad se convirtió en una de las principales preocupaciones de las empresas y desincentivó la inversión nacional y extranjera, afectando así la tasa de desempleo que ya ronda el 10% de la población económicamente activa

Urge incrementar generación privada de electricidad

La factura eléctrica que pagamos hogares y empresas costarricenses incluye el costo de limitar la participación del sector privado en la generación eléctrica.
La iniciativa que pretende aumentar el tope del 15% de la producción eléctrica nacional, que actualmente es generado por inversionistas privados, es una necesidad urgente desde el punto de vista económico, ambiental y social.
Permitir a los privados una mayor participación en el mercado eléctrico, fomentaría una producción eléctrica más eficiente y generaría oportunidades de negocios que dinamizarían la economía con nuevas inversiones y mayores empleos.
Asimismo, fomentaría un mayor aprovechamiento de fuentes renovables como el sol, el viento o la biomasa, reduciendo la dependencia en tiempos de sequía de combustibles fósiles y de las importaciones. ¿Por qué continuar importando energía producida en otros países con fuentes contaminantes?
Aprovechando el Sistema de Interconexión Eléctrico Centroamericano, que entró en funcionamiento el año pasado, los inversionistas privados podrían incluso producir energía con fuentes renovables para vender en los países vecinos.
La reforma lleva más de ocho años en discusión en la Asamblea Legislativa bajo diferentes proyectos de ley, pero el proyecto que pretendía incrementar a un 30% la generación privada, fue enterrado el año pasado por el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
Ahora diputados de diferentes fracciones intentan revivir la propuesta, pues reconocen en el costo energético un factor clave para mejorar la competitividad nacional, generar empleo y mantener el compromiso ambiental que caracteriza a Costa Rica.
El elevado aumento en la factura eléctrica que sufrieron las empresas y hogares costarricenses el año pasado, demostró la estrecha relación que existe entre el costo energético y la competitividad nacional.
El alto precio de la electricidad se convirtió en una de las principales preocupaciones de las empresas y desincentivó la inversión nacional y extranjera, afectando así la tasa de desempleo que ya ronda el 10% de la población económicamente activa.
Este año el precio se ha estabilizado, pero no es razón para posponer los cambios necesarios, pues la política energética exige una planificación de largo plazo y reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico al régimen de precipitaciones y a los vaivenes del precio del petróleo debe ser una prioridad nacional.