ANÁLISIS
Cancelación de contratos con Estado genera factura pesada

Usted debe millones de colones más de lo que pensaba

Tres formas de cambiar el modelo de desarrollo de la infraestructura nacional
 INDECISIÓN ESTATAL GENERA ALTO COSTO EDITORIAL

Usted ya debe millones de colones a varias empresas extranjeras, y en el futuro cercano el monto aumentará de forma significativa.

El impacto de una inminente demanda de parte de Industrias Infinito, por la suspensión del proyecto de la mina de oro de Crucitas, así como otro posible pleito relacionado con la cancelación de la concesión otorgada al desarrollador OAS para construir y operar la carretera San José-San Ramón, se sumaría al de otras demandas ya hechas, en relación con varios proyectos de obras públicas anuladas por el mismo Estado, que anteriormente los había aprobado.
Es imposible precisar cuánto dinero tendrá eventualmente que pagar cada contribuyente por la crónica indecisión nacional.
Sin embargo, podría tratarse de unos $1,4 mil millones, de los cuales la cuota de cada contribuyente al impuesto sobre renta sería de $3.100, sin incluir ni las posibles demandas ligadas con los fracasados proyectos de la carretera San José-San Ramón, así como con la exploración petrolera de parte de Black Hills Resources, de acuerdo con un análisis preliminar de LA REPÚBLICA.
Pero el asunto no termina allí.
Dada la mala imagen que esta indecisión le causa al país ante el resto del mundo, los futuros contratos con las empresas extranjeras serán más caros, de modo que todos pagaremos más para las obras públicas.
El problema se debe a la anulación de varios importantes contratos por parte de algunos entes del Estado, que otras ramas del mismo Estado anteriormente habían aprobado.
Por cierto, nadie tiene que girar un cheque, ni hoy ni mañana.
Por el contrario, pasarán varios años, hasta que los tribunales locales e internacionales definan a los ganadores y perdedores, así como los montos pagaderos en cada instancia.
No obstante, tarde o temprano algún monto grande tendremos que cancelar.
En lo que a los derechos democráticos se refiere, el pueblo puede insistir, cuando quiera, y acerca de cualquier obra, que el Estado anule el permiso para hacer una carretera, una mina, la exploración petrolera, o una cárcel.
Pero, nada de esto es culpa de las empresas involucradas, que tienen sus propios derechos.
Cuando una empresa gana un contrato, incurre en varios costos importantes, incluidos la contratación de personal adicional, el desarrollo de los planes operativos, y la realización de las obras preliminares.
Además, rechaza las opciones para desarrollar otros proyectos, al suponer tener un serio negocio costarricense.
Cuando el Estado echa atrás en relación con cualquier obra, la empresa involucrada entendiblemente inicia una demanda, para recuperar estas y otras pérdidas.
Sin incluir el conflicto de la carretera de San Ramón, el Estado tendría que enfrentar las sentencias legales de un total de alrededor de más de $14 mil millones.
Al suponer, que tan solo el 10% de este monto fuera pagadero, la cuota de cada contribuyente al impuesto sobre renta sería de $3.100, sin incluir un monto relacionado con la carretera de San Ramón.
Mientras tanto, el daño económico no se limita a los eventuales fallos judiciales, sino también a la mala imagen de Costa Rica como un país que no honra los acuerdos.
En el caso de la carretera de San Ramón, así como la de la terminal de contenedores de Moín, hubo un solo oferente, lo cual señala que pocas empresas serias del resto del mundo están interesadas en hacer negocios con el Estado costarricense.
Conforme no haya competencia en las ofertas, el precio de la obra tiende a subir, el cual tenemos que pagar todos.

Fred Blaser
Co Presidente
República Media Group