Vender acciones de empresas públicas y no aumentar IVA, recomiendan abogados y economistas

Que se les dé amnistía en cargas sociales a pymes e independientes por el lado de reactivación, renegociar deuda interna para reducir gasto y aprobar la renta mundial para inversiones pasivas en materia de ingresos, son algunas de las recomendaciones a Carlos Alvarado de parte Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

En su carta, piden no aumentar cargas de impuestos existentes, y de hacerlo, que sea medida temporal por una emergencia nacional.

Asimismo, ponen en la mesa, que la mayoría de acciones de algunas empresas estatales sigan en manos del Estado, pero no todas.

Reactivación

• La conformación de una mesa multisectorial para la reactivación con el fin de diseñar un plan de acción concreto, con fechas, responsables y rendición de cuentas, a fin de implementar medidas que estimulen la producción.
• Desembolso a los créditos de las Operaciones Diferidas a Plazo del Banco Central y del Fondo Nacional de Avales para oxigenar los flujos de caja de las empresas y obtener verdaderas reestructuraciones de crédito a largo plazo.
• La reducción de las tarifas eléctricas del ICE.
• La renegociación de tarifas de la Terminal de Moín con APM Terminals.
• Una amnistía de cargas sociales para mipymes y trabajadores independientes en la Caja del Seguro Social.
• Considerar un crédito fiscal futuro por el pago de cargas sociales de las empresas afectadas por el Covid-19 y que mantienen planillas.
• Vía rápida para trámites y permisos que permitan incrementar la inversión.
• Establecer un programa de vivienda popular y para la clase media.
• La titularización del canon de Japdeva para estimular las inversiones en la región Atlántica.

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Reducción del gasto público

• Uso del SICOP en todo el Sector Público. Con ella, se podría lograr un ahorro anual del 1.55% del PIB.
• Aplicación de la Regla Fiscal.
• Medidas administrativas. Emitir directrices que ordenen la sub-ejecución inmediata de gastos superfluos: vehículos, equipos, reparación o construcción de edificios, consultorías, viajes, viáticos, contrataciones, etc.
• Derogación de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, № 9371 de 2016.
• Derogación de los destinos específicos con la excepción de aquellos definidos por la Constitución Política.
• Aprobación de la Ley de Empleo Público que aplicaría para todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo con un esquema de salario único.
• Reprogramación de la deuda interna para extender los vencimientos y lograr una reducción en las tasas de interés.
• Reducción de la deuda política en un 50%.
• Control de la evasión y elusión fiscal.

Reforma y reorganización del Estado que traería una meta de ahorros de 2% del PIB

• Implementarse a la brevedad el Gobierno Digital y una redefinición de procesos a la luz de la transformación digital. De acuerdo con el Ministerio de Planificación existen 320 mil funcionarios públicos distribuidos en cerca de 350 entidades.
• Una propuesta lógica de consolidación, eficientización y “downsizing” del aparato estatal con expertos en ingeniería industrial y reorganización de procesos y entidades.

Impuestos

• No al impuesto a las transacciones financieras por sus distorsiones en la intermediación financiera, y por fomentar la informalidad y el uso del efectivo. Tampoco se considera un aumento de la tasa impositiva del IVA, ni sobretasas a los salarios y utilidades de las empresas, ni aumentos en la tasa de bienes inmuebles.
• Aprobar la renta global para el 2023. Se trata de consolidar todos los ingresos personales y empresariales, ya sea por salarios, intereses, alquileres, dividendos, etc. Es un impuesto progresivo, es decir recae sobre las personas de mayores ingresos, lo cual incide positivamente en una mejor distribución del ingreso.
• Aprobar el impuesto a las rentas de capital, que gravan con el 15% las ganancias de capital dado que no aplicaba sobre los títulos ya negociados a cierta fecha. También es un impuesto progresivo.
• Aprobar la renta mundial para inversiones pasivas con excepciones a residentes extranjeros que se desplazan a vivir a Costa Rica.
• Como medida de emergencia transitoria se podría utilizar la autorización existente con que cuenta el Poder Ejecutivo para subir las tarifas de los impuestos de consumo hasta un máximo de 20 puntos porcentuales. Solo en un caso de emergencia nacional.

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Democracia económica y venta de activos estatales

• Convertir empresas públicas tales como Kolbi, Banco de Costa Rica y el INS, en sociedades de capital mixto bajo derecho privado, pero sin salir del control público en cuanto a la mayoría de las acciones quede en manos del Estado y, por lo tanto, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.
• Propiedades y otros activos estatales no utilizados que podrían venderse. En particular, existe un sinnúmero de fincas bien localizadas que bien podrían ser la base para los programas de vivienda.