Viceministro de Justicia: "Las cárceles están diseñadas para los pobres"

Cayó el aguacero y no hay señales de que escampe pronto. Esa es una metáfora que podría describir la situación crítica del sistema penal en el país.
En los últimos años, Costa Rica se obsesionó con amontonar gente en las cárceles y ahora todo lo que puede hacer es mitigar los daños, pero eso no impedirá que siga lloviendo.
La situación se agudiza con las órdenes del cierre del centro penitenciario de San Sebastián y la reubicación de 199 privados de libertad del ámbito C de La Reforma.
Para Marco Feoli, viceministro de Justicia, que cumplirá en septiembre un año de estar en su cargo, la solución no pasa por construir más cárceles sino por buscar nuevas alternativas a la prisión.
Este es un extracto de la entrevista con La República.

Jueces y diputados discrepan en la forma en que Costa Rica utiliza la pena de prisión. ¿Cómo plantear un debate equilibrado que se traduzca en leyes más justas y que garantice la seguridad de la población?
El debate debe hacerse. La ministra (Cecilia Sánchez) y yo tenemos una manera de entender el sistema penal y hay que enfrentarse a muchísima imprecisión. Estamos convencidos que nuestros argumentos son los correctos.
Frente a esto hay un sector que habla mucho desde la ignorancia, sobre cómo funciona un sistema penal, se dejan llevar por reacciones primitivas, repitiendo un montón de prejuicios y estereotipos, pero la gente que se ha dedicado a estudiar saben que no sirve de nada para resolver el problema de la seguridad y la violencia.

¿Qué se ha hecho para resolver la crisis del sistema de justicia?
El Ministerio de Justicia ha llevado adelante unas políticas progresistas, tomar estas medidas genera enormes resistencias. Enfrentar los prejuicios y preconcepciones nunca es una tarea sencilla.
En los últimos 20 años, han habido alrededor de 15 ministros de Justicia. Es muy simbólico, refleja cómo el Estado no se ha preocupado por definir una política penitenciaria.
La administración actual redefine el abordaje penitenciario. Al final del gobierno de Chinchilla, llegó Ana Isabel Garita, una persona con posiciones muy parecidas a las nuestras. Parte de lo que se está haciendo con las unidades productivas, fueron ideadas y definidas en la gestión anterior.
El Ministerio de Justicia ha expuesto la sobrepoblación penitenciaria sabiendo que es un tema tremendamente impopular, como cuando se han defendido a grupos vulnerables, por ejemplo, las mujeres, migrantes, o personas sexualmente diversas. Nunca es fácil defender grupos minoritarios.
Estamos movilizando un sistema que ha sido diseñado de forma equivocada, que ha favorecido la represión, que genera mayor desigualdad. Esos cambios son imposibles de hacer en los dos años que tenemos por delante. Planteamos reformas legales que van a favorecer el sistema.
Esto no es una cosa del PAC o del gobierno solamente. Estamos haciendo cosas desvinculadas de las banderas políticas. Estamos apoyando un proyecto de Karla Prendas y Silvia Sánchez, del PLN. También hemos presentado el proyecto de ley del sistema penitenciario y el sistema de penas de utilidad pública.

Pobreza, desempleo, desigualdad, ¿a qué se debe, en mayor parte, el fuerte aumento en la tasa de encarcelamiento?
A varias razones, especialmente al modelo punitivo por el que ha optado Costa Rica. Es un modelo muy represivo. A partir del 2009, la reforma al Código Penal que convertía en delitos algunas conductas que antes eran contravenciones, disparó la población penitenciaria.

Los tribunales de flagrancia también han venido a agilizar los procesos, pero ustedes han sido críticos al respecto...
El tema no es la agilidad en el proceso. Incluso, podríamos tener más tribunales de flagrancia, el problema es el tipo de sanción que se impone. Si tuviéramos un abanico de penas sancionatorias diferentes a la cárcel, aunque haya tribunales sentenciando, se podría hacer de otra manera.

¿Por qué el país ha optado por la represión?
Hay una exacerbación de ciertas políticas más represivas a partir de la década de los noventas. En el 2000, el tema de los atentados terroristas influye también en la forma de comprender el sistema penal, y que la prisión sea la medida por excelencia. Es un discurso más neoliberal, de “ir excluyendo a los que no funcionan”.

¿Ha existido base científica en la formulación de sanciones penales en el país?
Antes los legisladores decidían que la homosexualidad era un delito. También decidían que te podías a ir a un duelo con otra persona y había todo un marco legal en el Código Penal que lo regulaba. En unos países se regula la venta de drogas, en otras partes es diferente. Detrás de todo esto hay decisiones políticas.
Los políticos deciden que, si alguien se mete a robar un celular con otra persona, y en el proceso quiebran un vaso, esa persona debe recibir una sentencia de cinco a 15 años de prisión, por ser robo agravado.
Los resultados son las mejores pruebas de que estas reformas se hicieron sin prever el impacto que habría en el sistema penal. Si vos metés a la cárcel a alguien tras robarse una lata de atún, con una pena de cinco años, esa persona no va a salir bien, no va a ser productiva y va a ser un riesgo para los ciudadanos.

Marco Feoli lleva un año como viceministro de Justicia. Gerson Vargas/La República

¿Se impone cárcel con mayor facilidad a los pobres?
El mejor ejemplo es el de Lionel Messi. Fue sentenciado por cometer un delito y nadie lo ve como un delincuente.
Para esos días, a un muchacho lo sentenciaron por seis años de cárcel por estafar con una tarjeta de crédito. Él, por 80 euros, tenía que ir seis años a la cárcel. Messi, por presuntamente defraudar al fisco por varios millones de euros, se le impone una pena de dos años de cárcel y no tiene que descontar un minuto.
Nadie piensa en Messi como un delincuente o como alguien que causa un daño mayor a la sociedad, a pesar de que está evadiendo impuestos por una cantidad enorme y afecta a los ciudadanos.
El otro individuo comete una estafa, que no está bien, pero hay una gran diferencia en el daño social de una y otra acción.
La cárcel es un sistema que está diseñado para los pobres, si vos cometés un delito y no pertenecés a esos grupos sociales se te valora diferente. Detrás de la cárcel hay un sistema profundamente desigual que genera mayores brechas sociales, porque así ha estado conceptualizado.
Muchos aún no lo entienden porque se dejan llevar por el discurso de “este es bueno y este es malo”. Es un discurso populista que divide a la gente entre “nosotros los buenos y ellos los malos”. Esto es muy peligroso porque oculta la complejidad que hay en la delincuencia latinoamericana y se agudiza con el sistema que tenemos.

¿Con cuáles delitos se están dando penas exageradas?
La reforma que hace que dos personas que entran a robar a un local comercial y en el proceso quiebren un vaso, por ejemplo, vayan a la cárcel por 15 años, es excesiva.
En los delitos de drogas hay un debate que se debe encarar. No digo que los delitos de drogas no deban ser sancionados, pero debemos plantear si la única sanción tiene que ser la privación de la libertad.
 
Una de las soluciones alternativas es el uso de brazaletes electrónicos, pero usted no parece convencido con esta idea, ¿por qué?
Los mecanismos electrónicos son buenos, porque al menos son sanciones alternativas a la cárcel. Los mecanismos electrónicos son caros, este es un país pobre. En los países que se usa, el alcance es muy limitado. Hicimos un estudio de 15 países. El nivel de personas beneficiarias llega apenas al 2% o 4% de toda la población penal. Ahora se piden 100 brazaletes y vamos a ver cómo funciona.

¿Y los mecanismos electrónicos se le brindarán a las personas que lo necesitan?
El problema es que los supuestos en los que se utilizan los brazaletes, según la ley actual, es en personas que se podría simplemente utilizar una pena como el trabajo comunitario.
Cuando uno piensa en brazaletes es para personas que cometieron delitos graves. Mandar con brazalete a la persona que se robó una lata de atún es un desperdicio de recursos.
Son útiles para monitorear a personas que cometen delitos sexuales o violencia doméstica.
Toda esa gente a la que supuestamente se le deben poner mecanismos electrónicos ya pueden salir por otras vías, debería pensarse en otros perfiles.
 

“Detrás de la cárcel hay un sistema profundamente desigual que genera mayores brechas sociales, porque así ha estado conceptualizado”

¿Qué rol viene a desempeñar la construcción de otro tipo de cárceles como las unidades productivas?
Hay un tema de arquitectura muy importante. Las cárceles se han diseñado históricamente como jaulas y cajones, eso influye mucho en cómo salís de la cárcel. No se trata de hoteles cinco estrellas, sino de lugares con mejores condiciones.
A esto tendrán acceso las personas que cumplan con un perfil, sobretodo de convivencia, a quienes les falte poco para salir y también personas con trayectoria limpia dentro de la institución.

También se planea abrir una bolsa de empleo para que estas personas salgan con oportunidades luego de pasar por estos procesos en la cárcel, ¿cómo va eso?

Estamos muy empleados a fondo en este proceso. Sin el ánimo de burocratizar, buscamos destinar un área de la institución para encargarse de los procesos post-penitenciarios.
Buscamos generar alianzas público-privadas para poder facilitar los procesos de salida de las personas de los centros penitenciarios. Actualmente se está gestionando con el Mideplan para la reubicación de personal.

Trabajo, estudio y oportunidades post-cárcel. ¿Será esto suficiente para revertir el daño que ustedes mismos admiten que hace la cárcel sobre una persona?
Nada de esto va a mejorar si no bajamos las tasas de prisionalización. O nos hacemos ricos para hacer cárceles de primer mundo o bajamos la población penitenciaria, porque es excesiva.
Primero, se debe cambiar la estructura del sistema penal en lo que se refiere a las penas. Los procesos dentro del sistema penitenciario también deben mejorar.
Que haya que cambiar eso no significa que se debe descuidar lo otro, que es garantizar condiciones dignas para las personas allá adentro. No es justificar al privado de libertad como si fuera un bebé al que hay que “chinear”, pero si se mete a alguien a la cárcel para que salga peor, cuando salga nos vamos a fregar todos.
Tenemos que crear los mecanismos para que cuando la gente salga de la cárcel, salga mejor. Para eso son las unidades productivas. Nunca será suficiente, cambiar esto toma muchos años.