Víctimas y victimarios
| Miércoles 29 junio, 2011
Víctimas y victimarios
El abogado David Gutiérrez, en un artículo publicado en LA REPUBLICA del 14 de junio, titulado ¿Qué pasa en nuestras cárceles?, se refiere al intento fallido de fuga ocurrido el pasado 11 de mayo.
Como director general de Adaptación Social me corresponde disentir del parecer del Lic. Gutiérrez en cuanto a la respuesta institucional dada a los lamentables hechos del pasado 11 de mayo.
Es cierto que se han abierto tres procedimientos administrativos para investigar los hechos, uno, relacionado con el intento de fuga, que pretende determinar la posible participación de funcionarios penitenciarios en facilitar los medios para abrir las celdas y dotar a los privados de libertad de una o más armas para iniciar la fuga; otro, tendiente a determinar las causas, circunstancias y motivos del fallecimiento del privado de libertad de apellido Araya, que aparece sin vida en su celda al amanecer de un domingo pocas semanas atrás; el tercero, para investigar si se han dado o no los abusos que la Defensoría de los Habitantes denunció con posterioridad al fallecimiento de dicho privado de libertad.
Es cierto que esa ha sido una de las respuestas institucionales más visibles luego del intento de fuga. Lo que no es cierto es que eso sea parte de una “institucionalidad del país” que “está volcada a favor de los victimarios y en contra de las víctimas”. Ello sería presumir que los funcionarios no pueden convertirse en victimarios y que un privado de libertad no puede convertirse en víctima.
Lo cierto es que el o los funcionarios que hayan facilitado los medios para el intento de fuga (llaves y armas), no solo son victimarios, son delincuentes de la peor calaña, porque aprovechando su cargo cometen un ilícito que arriesga la vida de sus propios compañeros y causa un enorme daño social. Por ello, la investigación está abierta y continuará hasta identificar con precisión a los responsables.
Lo mismo ocurre con la investigación en curso sobre el fallecimiento del privado de libertad de apellido Araya. Desde el día en que aparece muerto en su celda, el Ministerio de Justicia ordenó una investigación sobre las causas de su muerte, para cuyo esclarecimiento era fundamental que la Medicatura Forense realizara la autopsia.
Ahora que ese órgano técnico ha dado a conocer la posible causa de muerte y su ubicación en el tiempo y el espacio, se procedió de inmediato a suspender como medida precautoria a los funcionarios que estuvieron en la ventana de oportunidad de participar en el ilícito. Desde luego que eso no implica un señalamiento de culpabilidad, ni una acusación, sino una medida tutelar acorde con el ordenamiento jurídico ante un hecho grave que el propio director del OIJ, don Jorge Rojas, ha calificado como “homicida”.
Nada de esto es perseguir a las víctimas y premiar a los victimarios. Es todo lo contrario. Es la respuesta institucional que corresponde en un Estado de Derecho.
La gran mayoría de los funcionarios penitenciarios son personas trabajadoras, honestas, que se enfrentan cada día a una población privada de libertad cada vez más numerosa, compleja, violenta y organizada.
En esta administración se ha procurado dotarlos de mejores herramientas, más personal, mejor equipamiento, mejores instalaciones. Un año es poco tiempo, sin embargo, para resolver problemas que se arrastran desde muchos años atrás.
Jorge Rodríguez, Director General de la Dirección General de Adaptación Social
El abogado David Gutiérrez, en un artículo publicado en LA REPUBLICA del 14 de junio, titulado ¿Qué pasa en nuestras cárceles?, se refiere al intento fallido de fuga ocurrido el pasado 11 de mayo.
Como director general de Adaptación Social me corresponde disentir del parecer del Lic. Gutiérrez en cuanto a la respuesta institucional dada a los lamentables hechos del pasado 11 de mayo.
Es cierto que se han abierto tres procedimientos administrativos para investigar los hechos, uno, relacionado con el intento de fuga, que pretende determinar la posible participación de funcionarios penitenciarios en facilitar los medios para abrir las celdas y dotar a los privados de libertad de una o más armas para iniciar la fuga; otro, tendiente a determinar las causas, circunstancias y motivos del fallecimiento del privado de libertad de apellido Araya, que aparece sin vida en su celda al amanecer de un domingo pocas semanas atrás; el tercero, para investigar si se han dado o no los abusos que la Defensoría de los Habitantes denunció con posterioridad al fallecimiento de dicho privado de libertad.
Es cierto que esa ha sido una de las respuestas institucionales más visibles luego del intento de fuga. Lo que no es cierto es que eso sea parte de una “institucionalidad del país” que “está volcada a favor de los victimarios y en contra de las víctimas”. Ello sería presumir que los funcionarios no pueden convertirse en victimarios y que un privado de libertad no puede convertirse en víctima.
Lo cierto es que el o los funcionarios que hayan facilitado los medios para el intento de fuga (llaves y armas), no solo son victimarios, son delincuentes de la peor calaña, porque aprovechando su cargo cometen un ilícito que arriesga la vida de sus propios compañeros y causa un enorme daño social. Por ello, la investigación está abierta y continuará hasta identificar con precisión a los responsables.
Lo mismo ocurre con la investigación en curso sobre el fallecimiento del privado de libertad de apellido Araya. Desde el día en que aparece muerto en su celda, el Ministerio de Justicia ordenó una investigación sobre las causas de su muerte, para cuyo esclarecimiento era fundamental que la Medicatura Forense realizara la autopsia.
Ahora que ese órgano técnico ha dado a conocer la posible causa de muerte y su ubicación en el tiempo y el espacio, se procedió de inmediato a suspender como medida precautoria a los funcionarios que estuvieron en la ventana de oportunidad de participar en el ilícito. Desde luego que eso no implica un señalamiento de culpabilidad, ni una acusación, sino una medida tutelar acorde con el ordenamiento jurídico ante un hecho grave que el propio director del OIJ, don Jorge Rojas, ha calificado como “homicida”.
Nada de esto es perseguir a las víctimas y premiar a los victimarios. Es todo lo contrario. Es la respuesta institucional que corresponde en un Estado de Derecho.
La gran mayoría de los funcionarios penitenciarios son personas trabajadoras, honestas, que se enfrentan cada día a una población privada de libertad cada vez más numerosa, compleja, violenta y organizada.
En esta administración se ha procurado dotarlos de mejores herramientas, más personal, mejor equipamiento, mejores instalaciones. Un año es poco tiempo, sin embargo, para resolver problemas que se arrastran desde muchos años atrás.
Jorge Rodríguez, Director General de la Dirección General de Adaptación Social