Vida en democracia

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 02 septiembre, 2022

Sinceramente

Cuando se vive en democracia la discrepancia de opiniones es un fenómeno permanente. Hoy los ciudadanos concuerdan con esta tesis y mañana no concuerdan con aquella. Cada propuesta es sujeto de escrutinio y cada tesis es motivo de análisis y de discusión. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son facetas inseparables de la vida en democracia. La oposición política también lo es. Una sociedad democrática es siempre deliberante.

Desde la Ilustración y los escritos de Montesquieu la organización democrática se diferenció de la monarquía absoluta en que en democracia nadie ostenta en el gobierno el poder completo. La separación de poderes está diseñada para obligarlos a todos al compromiso, a ceder, a dialogar, a tomar las decisiones luego de maduradas y con grandes reflexiones. La democracia no es ejemplo de celeridad sino de estabilidad y de permanencia, de acuerdos y compromisos.

Ningún demócrata convencido puede señalar que es mejor una dictadura donde no hay voces de discrepancia que una democracia en la que prevalecen los acuerdos. Los acuerdos y desacuerdos en la mecánica de la vida democrática tienen enormes ventajas sociales, aunque algunos no desean reconocerlas. Bien valdría que aquellos detractores y enemigos de las discrepancias recordaran cuando ellos eran opositores a un régimen de “dictadura en democracia” como se le llamó a un gobierno que conforme a la ley y con las discrepancias del caso aprobaba legislación en el parlamento y recibía anuencia de los tribunales y de la Sala IV. En fin, que no es lo mismo “verla venir que bailar con ella”. No es lo mismo ser oposición a ser gobierno que busca no tenerla.

Las discrepancias y las discusiones, la oposición y las objeciones son tremendamente útiles al gobierno, más cuando carece de un partido propio, una estructura organizada y posee una minoría parlamentaria pequeña. De las discrepancias nace la lectura de lo que el resto de la población que no era partidaria del régimen piensa, desea, espera y busca. Hay que aprovechar las discrepancias para ejercer la labor de un presidente que es la de educar con el ejemplo, con la palabra y con las acciones dirigidas a la consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad. Labor que es convencer, no vencer, que es negociar, no imponer.

Se ha buscado desde hace su rato descalificar el Poder Judicial señalando que los magistrados son nombrados por la Asamblea Legislativa. Que en el parlamento prevalecen los intereses políticos de los partidos y que los nombramientos no son de los mejores sino de los afines.

Lo cierto es que ante todas esas críticas al nombramiento de los magistrados no han conocido los electores proyecto legislativo alguno para cambiar el sistema. ¿Dónde están los proyectos de ley para cambiar el nombramiento de magistrados y de jueces? A la hora llegada las palabras se las llevó el viento y las intenciones se mostraron vacías.

Los poderes fácticos han buscado debilitar el parlamento y su constitución señalando que los diputados son incapaces, son mediocres, no están enterados de la realidad nacional, que no son electos por nombre y distritos electorales sino por lista. Buscan restar méritos al parlamento de mil formas diferentes. No se debe olvidar que la Asamblea Legislativa es la depositaria de la soberanía popular y la representante del pueblo.

Se busca desacreditar al parlamento por su mecanismo de elección, pero, ¿dónde están los proyectos de reforma legal propuestos por quienes buscan desacreditar su elección? De nuevo la crítica permanece como herramienta de descrédito y no se materializa como iniciativa de transformación.

Magistrados, diputados y presidente tienen la obligación legal, moral y cívica de fortalecer diariamente con sus opiniones e iniciativas la institucionalidad. Que los personeros de los poderes del estado busquen acabar con la institucionalidad sin presentar proyectos de ley para variar las omisiones o yerros encontrados, pues simplemente no se vale.

Los ataques a la institucionalidad han generado reacciones de desconfianza en los ciudadanos en torno a la democracia y su organización. Un estudio de la CIEP, dependencia de la Universidad de Costa Rica dio a conocer en días pasados que el 27% de los partidarios que eligieron al presente gobierno señalan que este debería ignorar las leyes que obstaculicen su labor. Igualmente, un 46% de esos partidarios aconsejan desconocer, desoír y desobedecer las sentencias judiciales. De igual manera un 27% señala que no se debe tener en cuenta a los partidos de la asamblea legislativa.

Ignorar el estado de la legalidad y el marco de ley es gobernar en dictadura. No tener leyes ni límites significa volver al tiempo de Fernando VII, nuestro último rey absoluto. ¿Habrían esperado que don Carlos Alvarado o don Luis Guillermo Solís gobernaran sin apego a las leyes?

Ignorar y desconocer las sentencias del Poder Judicial significa también la ruptura del marco legal de manera grosera. Esto que algunos buscan es peor que una dictadura, sin leyes ni sentencias que marquen los límites a la acción del gobernante. ¿Habrían opinado igual con un régimen desafecto a ellos? ¿Juegan esta supresión de leyes y sentencias solo para los gobiernos de sus simpatías?

¿Gobernar sin tomar en cuenta a la gran mayoría parlamentaria que los adversa será lógico? El diseño del parlamento en nuestra constitución está hecho para llamar al diálogo y al compromiso. El parlamento busca que el poder quede distribuido nunca concentrado. El parlamento es el freno y contrapeso del poder ejecutivo. Suprimir la acción parlamentaria sería desembocar de nuevo en la época de Carlos V. No queremos monarquía ni dictadura, queremos libertad y democracia.

¿Cómo resolver estos entuertos políticos? Con la negociación y el diálogo nunca con el pleito y la imposición. La división de poderes debe de aprovecharse y debe de fortalecerse. El estado de legalidad preserva paz y protege a los más débiles porque los más fuertes se defienden solos. Las sentencias del poder Judicial son trascendentales para juzgar los desencuentros y violaciones de la ley y la constitución.

Si se quiere cambiar el poder judicial todos esperamos los proyectos en ese sentido. Si deseamos cambiar la elección del parlamento debemos poder estudiar las ponencias y proyectos para variar la elección de diputados. ¿Dónde están? ¿Quién los ha presentado?

No debemos destruir lo hecho que es bueno. Debemos mejorar lo que tenemos y eso requiere nuevas rutas y leyes. Gobernar es educar, es buscar y lograr la unidad nacional no la polarización, es seguir el marco de ley y ponerse de acuerdo con los diputados en el parlamento. ¡A ser demócratas!

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