Vida en democracia y vida en civilidad

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 04 noviembre, 2022

Sinceramente

La civilidad no está reñida con la democracia. La civilidad fortalece la democracia nunca la debilita. La comprensión clara de lo que es democracia y cómo vivirla es fundamental para el sistema. La civilidad nos lleva al respeto mutuo, a las consideraciones personales, a escuchar y ser escuchados.

En democracia los votantes depositan su soberanía para legislar en los diputados electos, por el determinado período constitucional para ello. Los diputados por tanto pueden hacer leyes en representación del pueblo, pero no podrán excederse de los plazos de elección establecidos por la constitución ni del debido proceso. De esta manera cuatro años de elección y ejercicio bajo la constitución es cuanto se espera de los representantes populares. Orden, trabajo duro, respeto mutuo, concordia y patriotismo son ingredientes deseables y necesarios en el ejercicio democrático. Que las fracciones sean adversarias políticas es lógico y está en su naturaleza serlo.

La Asamblea Legislativa no es una asamblea elitista, tampoco lo es académica. La Asamblea Legislativa es una asamblea de representantes populares y estos son la viva imagen de quienes los propusimos y los terminamos eligiendo. Ellos son una imagen de la comunidad que votó por ellos. Los diputados son nacidos, han vivido y son extraídos de las comunidades que eligen diputados. De allí a calificarlos de maneras inadecuadas, llenos de desprecio, y criticarlos por ser la imagen de las comunidades de donde proceden es un total contrasentido. Elegimos diputados populares y los criticamos con rudeza por no ser una élite intelectual. Es hora de elegir a los diputados de manera directa votando por nombres y apellidos no más por una lista.

La Asamblea hace las leyes y ejerce control político. El control político es la crítica de los diputados a las realizaciones del poder que administra. El control político es legítimo y es además conveniente. La Asamblea no administra ni co administra ya que la ley ni la constitución se lo permiten. El estado de legalidad establece que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les permite la constitución y las leyes. Sus iniciativas están dentro de este cerco limitante de ley.

El poder ejecutivo tiene por fin constitucional administrar los asuntos comunes, así como atender aquellos otros que le confiere la Asamblea Legislativa a través de las leyes. La constitución separa claramente las funciones de legislar de aquellas propias de la administración del estado. Sin perjuicio de eso, el poder ejecutivo tiene el poder de ser co legislador y puede vetar o sea rechazar las leyes obligando a la Asamblea Legislativa si desea aprobarlas a una mayor votación calificada. La iniciativa de mandar proyectos al congreso de los diputados se turna para que el poder ejecutivo pueda gestionar sus asuntos de interés y los diputados también lo puedan hacer. Este ejercicio de la iniciativa también favorece el proceso de la formación de las leyes. El país no es de un grupo o de una persona, el país es de todos y ese gestionar alterno es una expresión democrática.

El vetar las leyes como el resellar éstas son expresiones del funcionamiento del poder legislativo y de las facetas propias de la naturaleza del poder ejecutivo como un co legislador. Vetar una ley no es antidemocrático como tampoco riñe con la democracia el resellar las leyes por parte de la Asamblea Legislativa.

Para conservar un equilibrio entre quien dicta las leyes y quien administra el estado fue instituido el poder judicial. Conforme a las leyes y la constitución este poder judicial indica quien tiene o no la razón cuando hay discrepancias. Determina quién ha transgredido las leyes y emite sentencias y penas conforme al Código Penal. La sala constitucional no es enemiga de la Asamblea Legislativa ni del Poder Ejecutivo. La sala constitucional es complementaria y evita que actos de la administración o leyes dictadas, que riñen con constitución, leyes o derechos humanos puedan llegar regir.

Un presidente que no recibió de los votantes el beneplácito del electorado para tener mayoría parlamentaria debe negociar con la Asamblea, no irrespetarla o tratar de imponerse a la fuerza sobre la misma. No resulta democrático ni razonable que un poder independiente busque imponerse sobre otro. No resulta formador de cívica y ni de conciencia democrática que busque descalificarlo tampoco.

De igual manera el respeto de las sentencias de los tribunales debe de ser permanente y estricta por parte de los otros dos poderes independientes de la república.

La institucionalidad siempre se debe de estar fortaleciendo. La crítica y la desautorización de un poder hacia otro por razones políticas es destructivo de la institucionalidad y de la democracia. Desacreditar las instituciones es destructivo. Una acción de esta naturaleza debe de recibir nuestra censura nunca nuestra aprobación.

En democracia el poder está distribuido de manera clara y con rango constitucional. Nadie tiene el poder absoluto que fue propio de los monarcas de otra época o de los dictadores de ayer y de hoy.

Tolerancia, negociación, construcción de puentes, persuasión continua de la fuerza de la razón de las iniciativas emprendidas, todo ello es un ejercicio democrático que todos debemos buscar y entre todos debemos fortalecer.

El respeto permanente entre las partes y entre las esferas de autoridad debe darse. El respeto a la constitución en su letra, así como en su espíritu debe de ser un credo democrático claro para los costarricenses. El prolongar disputas, el vivir un clima permanente de exaltación y el prohijar un clima de división no soluciona problemas, los profundiza.

Vida en democracia y vida en civilidad

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