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Extradición de costarricenses, mayores penas contra sicarios menores de edad y medidas cautelares menos permisivas son algunas de las propuestas

(Video) ¿En qué consisten los 5 proyectos de mano firme de Rodrigo Chaves para tumbar el narcotráfico y el crimen organizado?

Guerra entre bandas haría que Costa Rica sume más de 900 homicidios al terminar el año

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 04 octubre, 2023 08:33 a. m.


Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. Archivo/La República.
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. Archivo/La República.


Para esta altura del año, está más que claro que la relativa paz que disfrutan los costarricenses está en serio peligro debido a la guerra entre bandas narcotraficantes.

Ante esta situación, el presidente Chaves propuso a las autoridades del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa acelerar varias propuestas legales.

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Se trata de varias medidas de mano fuerte, este es el detalle:

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Las medidas


Estas son las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Chaves

Límite al otorgamiento de medidas cautelares
Se trata de limitar el otorgamiento de medidas cautelares únicamente para delitos que tengan penas inferiores a los cuatro años de prisión.
En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción.
De esta manera, violadores y personas con antecedentes penales de narcotráfico, crimen organizado y asesinos o sicarios no podrán salir de la cárcel con medidas cautelares.

Sicarios y menores de edad
En este caso, se trata de adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada.
ñ[_La idea es que la justicia pueda atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativos a la criminalidad organizada en donde participan personas menores de edad, además de ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando aquellos delitos considerados graves, e incluir como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad 'represente un peligro para la sociedad.

Intervención de comunicaciones
Se autoriza la intervención telefónica para los delitos de homicidio simple y femicidio; asimismo, se propone que la Fiscalía General pueda solicitar la intervención de comunicaciones.
Además, amplía el plazo de la intervención a cuatro meses, con la posibilidad de dos prórrogas hasta un máximo de 1 año de intervención.

Mayores sanciones para el uso de armas
La idea es establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas aquellos casos en los que la persona posea o porte un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero y que haya sido reportada como extraviada o sustraída.
Por otra parte, la pena aumentará cuando esa arma haya sido utilizada para la comisión de un ilícito penal o se enmarque dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita.

Extradición de costarricenses
Es una reforma a la Constitución Política para que se habilite la extradición de personas costarricenses por casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.

Hace una semana, cuatro hombres fueron acribillados cuando se encontraban cerca del antiguo Salón Calipso en un vehículo en Limón centro.

En este caso, las autoridades del OIJ contabilizaron más de 100 disparos a quemarropa. La violencia de este hecho criminal es propia de una guerra entre bandas narcotraficantes por territorio y rutas de trasiego de cocaína, lo cual ha hecho que los homicidios pasen de 118 a 166 entre septiembre del año pasado y septiembre de este año en esa provincia. El aumento es del 40%.

“Costa Rica viene rompiendo su récord de homicidios año tras año y tristemente este 2023 no es la excepción. No hay respuestas mágicas y de corto plazo que puedan revertir esta tendencia. Las respuestas realistas parten de la organización y otorgamiento de recursos policiales, uso de escáneres y alta tecnología en videoprotección, actualización y modernización de la normativa penal, reforzamiento de la infraestructura penitenciaria y, muy especialmente, en la profundización, dentro del tejido social, en la prevención del delito”, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública.


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